Colombia permanece en resistencia
A más de dos semanas del estallido de las protestas en Colombia, el Gobierno Nacional, con Iván Duque a la cabeza, insiste en dar tratamiento militar al derecho de la protesta social. Miles de efectivos policiales, del ejército y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, han militarizado las ciudades, implantando un régimen de terror con evidentes violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
Según los reportes de Temblores, la Plataforma Grita y Reforma Policial, las cifras de víctimas de la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado suman hasta el 12 de mayo: 2110 casos de violencia policial; 362 víctimas de violencia física; 548 personas desaparecidas; 39 homicidios por la fuerza policial, y 7 en el contexto de movilizaciones; 1055 detenciones arbitrarias; 442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública; 30 víctimas de agresiones oculares, y 16 víctimas de violencia sexual. En estos mismos momentos, en Popayán se sostienen fuertes protestas denunciando la responsabilidad de la Policía Nacional de Colombia por el suicidio de Allison Meléndez, después de haber sido violada por una manada de 4 policías hace pocos días, en el marco de una detención arbitraria.
El presidente Duque ha sido denunciado el día de hoy ante la Corte Penal Internacional por 1595 casos de agresiones y violaciones de derechos humanos en estos 16 días de paro nacional. En la denuncia por Crímenes de Lesa Humanidad constan como máximos responsables a Iván Duque, el Ministro de Defensa Diego Molano, el ex presidente y exsenador con vínculos paramilitares Álvaro Uribe Vélez, el General del Ejército Eduardo Zapateiro y al Director Nacional de Policía Jorge Luis Vargas.
Siguiendo la misma línea oficialista, la Fiscalía ahora se toma de una sentencia T-342 dada por la Corte Constitucional de Colombia el pasado 2020, que falló a favor del Ejército, apelando al buen nombre la institución. En resumidas cuentas, las denuncias de violaciones de Derechos Humanos se están despreciando con el argumento de no existir condenas previas por hechos similares, utilizando de forma maniquea esta sentencia de tutela, para impedir que se haga atentados “al buen nombre” de las instituciones.
En Colombia, el llamado al Paro Nacional Indefinido se sostiene en un pueblo cansado de las décadas de atropellos de la parapolítica, aupada por la ultra derecha local, y apoyada directamente desde el Departamento de Estado de los EE.UU. Las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos no son nuevas en Colombia, siendo el territorio de América Latina con mayor cantidad de fosas comunes, y con un poder paramilitar inconmensurable en amplios sectores de la sociedad y la política.
Colombia en resistencia. Ecuador siempre antiuribista y solidario.
Texto: Revista Crisis
Fotografías: Harí Villareal, del plantón en solidaridad con Colombia, en Quito el pasado 7M.
