América Latina y la regresión ultraconservadora
Las declaraciones de Lenin Moreno y María Paula Romo en el Foro por la Defensa de la Democracia, celebrado en Miami la semana pasada, marcan la hoja de ruta para los gobiernos neofascistas y ultraconservadores de América Latina, entre los que se encuadra el presidente electo Guillermo Lasso. El miércoles de la semana pasada -el mismo día del foro- Lasso declaraba en una entrevista: “Creo que los gobiernos democráticos están amenazados en la región, y lo que ha pasado en Colombia, lamentablemente es muy parecido a lo que ocurrió en Octubre de 2019 en Ecuador, luego en Chile y también en menos nivel en el Perú… El Ecuador es un país que va a vivir es amenaza permanente”. Posición que augura con aparente claridad cuál va a ser la respuesta de su gobierno a la protesta social.
Una vez más, como ya lo vivió en carne propia todo el pueblo latinoamericano con el Plan Cóndor, en la financiación y apoyo político de los Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas y gobiernos democráticos sanguinarios, nos encontramos con un renovado pacto anticomunista. La retórica que posiciona a la legítima protesta socia en la criminalidad, coresponde a una nueva estrategia de “Seguridad Nacional”, aupada una vez más desde el gran enemigo del norte, en contra del pueblo, con la justificación del enemigo interno.
La criminalización de la lucha social se convierte en la única forma de sostener regímenes neoliberales profundamente antipopulares, que ajustan presupuestos. Con la excusa de la austeridad, como dicta el FMI, el BM y el BID, causan crisis multidimensionales, que no pueden ser sostenidas por los pueblos empobrecidos. Cómo en una espiral cíclica, nos encontramos frente a un momento crucial de la regresión neoliberal en la región, que pretende implementar la misma dosis de terror y muerte que sus antepasados criminales.
Poco a poco volvemos a inundarnos de noticias devastadoras como la reciente masacre de al menos 30 personas en la favela Jacarezinho, ejecutados por la policía militar de Río de Janeiro el pasado 6 de mayo. La matanza más grande desde el 2016 en un operativo oficial. El Brasil de Bolsonaro, así como la Colombia de Duque, destilan sangre del pueblo.
Hemos visto con profundo dolor y rabia las continuas masacres orquestadas por el gobierno uribista de Iván Duque, que ha dado tratamiento militar a la protesta social, militarizando gran parte del territorio colombiano, y dando carta abierta a que tanto policía, ESMAD y ejército para la violación sistemática de los Derechos Humanos. Las manifestaciones se dispararon en contra de tantas medidas neoliberales que ha impuesto el Gobierno Nacional en medio de la pandemia, que ha golpeado de manera dramática a la población, alcanzando un record de 500 muertes al día por COVID 19, el pasado 30 de abril.
En los diez días de manifestaciones, la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado, así como la de escuadrones de civiles armados -que acudieron al llamado de varios alcaldes y líderes políticos cómo Álvaro Uribe Vélez, y Carlos Maya-, en cifras alcanzan según la organización Temblores, a: 47 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, 12 violaciones sexuales, 548 desaparecidxs, 28 mutilaciones oculares y 278 agresiones policiales. La madrugada de hoy -10M- se ha dado una alerta de cierre de fronteras en el Valle del Cauca, siendo la ciudad de Cali su capital, escenario donde la protesta social ha sido más violentamente reprimida, poniendo al menos el 70% de las víctimas. Así como se confirmó el envío de 10.000 efectivos policiales y 2.100 militares adicionales. Esta amenaza del gobierno central, que se ve reforzada por la movilización de escuadrones paramilitares conformados por población civil armada, podría enfrentarnos en las próximas horas a una masacre de mayores proporciones que las vistas en los últimos días.
Colombia se enfrenta a una guerra civil prolongada, y en condiciones absolutamente desiguales en la correlación de fuerzas entre el pueblo y el Estado. Desde su fundación como república, con grandes terratenientes ganaderos, conformando y financiando ejércitos paramilitares, la parapolítica ha infundido el terror en todo el territorio colombiano por más de un siglo.
Recordemos la conformación de la Unión Patriótica, como parte del proceso de desmovilización del M19 y las FARC-EP, convirtiéndose en un partido de izquierda conformado por distintos frentes populares y revolucionarios. Que luego fueron víctimas del genocidio perpetrado por paramilitares y respaldado por el Gobierno Nacional, dejando por lo menos 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Hito entre los grandes crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Colombia. Este último proceso de desmovilización de las FARC-EP, en una guerra de baja intensidad, pero en la misma medida, también ha costado la vida de cientos de hombres y mures desmovilizadas, líderes sociales y estudiantes.
Tanto la magnitud del Paro Nacional Indefinido, como la respuesta del Estado con la violencia brutal del Estado de Colombia, son producto de décadas de capitalismo salvaje, enmarcado en el neoliberalismo. Tanto en términos económicos con los Tratados de Libre Comercio, con “la guerra contra las drogas”, entre otras alianzas con el imperio yanqui, como la parapolítica representada por Uribe Vélez, enmarcan la profunda desigualdad de Colombia, y la contundente respuesta del pueblo a la misma.
Viva la rebeldía del pueblo colombiano, hasta que la dignidad se haga costumbre.
