Criminalización de la pobreza, necropolítica y el mito de la justicia
La necropolítica es un mecanismo que ha resurgido con fuerza en el neoliberalismo, en que el Estado ejecuta su poder a partir de la decisión consiente de dejar morir a personas, como mecanismo de control poblacional. Como procedimiento histórico, es al pueblo más empobrecido, al que el Estado considera como vidas que no importan. Para el poder del Estado, el pueblo carcelario es equivalente a pueblo desechable, o en su defecto, inhumano-animalizado, y por lo tanto relegado a vivir en condiciones inhabitables.
El 28 de septiembre se desarrolló la mayor matanza carcelaria en la historia del Ecuador. El número de personas asesinadas dentro de la Penitenciaria del Litoral -en Guayaquil tras reinstaurar “el orden” en los pabellones 9 y 10 del centro penitenciario sumaron 116 asesinatos además de que otras 80 heridos. La masacre da cuenta de la violencia que se impone en el sistema carcelario, con asesinatos por decapitación, incineración, balaceras y explosiones de granadas de mano. El gobierno antipopular de Guillermo Lasso se encuentra frente a su mayor crisis interna desde asumir el mandato presidencial el pasado 24 de mayo.
A esta masacre -la cual no cuenta con precedentes- se les suman las ocurridas el 25 de febrero y el 22 de julio de 2021, en la cual murieron 79 y 21 personas respectivamente. En lo que va del año, en cárceles ecuatorianas han muerto un total de al menos 216 personas en medio de masacres. A la par, el gobierno actual estigmatiza a la población carcelaria, e insinúa una imperante necesidad de securitización. Este proceso se da en conjunto con una creciente fascistización social en la que recaen el Ecuador y el continente en la actualidad. Un mayor gasto en infraestructura tecnológica y de seguridad en cárceles promete un mayor control de personas que viven en hacinamiento permanente, pero no cuestiona la lógica carcelaria en sí misma.
La tarde del martes 29 de septiembre, tras una sesión de emergencia del Comité de Seguridad, Guillermo Lasso decretaba nuevamente el Estado de Excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional. Esta medida vuelve a facultar a que las FF.AA. ingresen y tomen el control de las cárceles de forma momentánea, militarizando efectivamente los centros penitenciarios del país. La grave crisis carcelaria que atraviesa el Ecuador, además de la subsecuente crisis humanitaria, de hacinamiento y trato inhumano dentro del sistema penitenciario nacional, se agudiza frente a la imposición de mayores medidas de precarización para el pueblo.
Por otro lado, los discursos securitistas están en boga en una sociedad que paulatinamente se fascisitiza, siendo la criminalización de la pobreza el denominador común. Muy probablemente esta situación de emergencia en las cárceles, termine con una repuesta por parte del Gobierno Nacional inclinada a la militarización de los espacios públicos, y también con la respuesta preferida del neoliberalismo: la privatización. El negocio de la muerte en las cárceles podría interesar a la empresa privada bajo las lógicas de la doctrina del shock, al igual que en Estados Unidos, que tiene la población carcelaria más grande del mundo.
La criminalización al consumo de drogas tiene una relación intrínseca con la emergencia carcelaria. Una posible eliminación de la tabla de consumo de drogas, criminalizará todavía más la pobreza, empeorando las condiciones y el trato infrahumanos en los centros de detención. Del total de la población carcelaria a nivel nacional, actualmente un tercio de los más de 38 mil PPL se encuentran encarceladas por delitos relacionados con el microtráfico de drogas. Tras la reforma a la tabla de consumo de drogas en septiembre de 2015, la población carcelaria se disparó de 27 a aproximadamente 35 mil PPL en 2016. En 2021, más de 11.000 personas se encuentran encarceladas por delitos relacionados a la criminalización de sustancias sujetas a fiscalización, entre las cuales constan más de 4.000 por supuesto tráfico de marihuana. Del total de la población carcelaria, tan solo aproximadamente el 60% cuenta con una sentencia.
Las cárceles son un invento de la transición al capitalismo. El pacto clero-burguesía-nobleza, se vio en la necesidad de castigar de alguna una forma definitiva y brutal, al pueblo desobediente, a campesinxs y trabajadorxs rebeldes, y a mujeres populares. Parte de la condena incluía abiertamente tortura, la tortura sexual, el trabajo forzado y la muerte. Desde sus inicios, la cárcel ha sido un mecanismo del poder para castigar la pobreza, destruir a las personas física, emocional y psicológicamente, dotando a las PPL de un estigma moral, que ha logrado destruir la solidaridad interclasista.
La lógica carcelaria -que a sangre y fuego se ha normalizado y legitimado como justicia-, reproduce los vicios poco modificados desde el siglo XV, en las atrocidades que se ejercen sobre las PPL. La normalización y legitimidad que tienen las cárceles como supuesto sistema de justicia -uno de los mecanismos más perversos del capitalismo patriarcal colonial especista- llega a romper de tal manera el tejido social, que para gran parte del colectivo, las personas privadas de libertad y las familias que las sostienen, terminan siendo completamente deshumanizadas.
En este aspecto el Estado no solo es responsable directo de las condiciones precarias, de hacinamiento, tortura, servicios básicos deficientes y violencia psicológica permanente en la que viven las PPL. El Estado también es responsable directo por omisión de acción para prevenir masacres. Con políticas públicas deficientes, falta de personal calificado y desfinanciamiento intencional, parecería que el Estado está aplicando una política de limpieza social a modo de masacres permanentes en las cárceles del país. La violación a derechos humanos que se está dando dentro del sistema penitenciario, aparentemente es la más grave a nivel continental, superando inclusive al terror vivido en Carandirú - Sao Paulo a principios de los 90s.
Sumando a la persecución carcelaria al pueblo, la desoladora situación económica por la que atraviesan las clases populares a causa de más de 4 años de restauración neoliberal, además de la actual recesión económica, provocaron una nueva ola migratoria que en su magnitud, no se evidenciaba desde el Feriado Bancario de 1999. Esto causa la detención de aproximadamente 500 ecuatorianxs al día en campos de concentración para migrantes ilegales en Estados Unidos, conocidos legalmente como Border Camps o Campos fronterizos.
El odio a la pobreza que promueven los grandes discursos individualizantes del capitalismo, genera y desemboca en la criminalización gradual de las clases populares. Adicionalmente, se extreman los mecanismos de precarización y las condiciones materiales de la vida, generando una especie de círculo vicioso entre la sobrepoblación carcelaria, la precarización y la criminalización securitista a la pobreza. 116 personas asesinadas de formas extremadamente violentas, en un solo día en la Penitenciaría del Litoral, es otro mecanismo más del neoliberalismo para precarizar la vida del pueblo, y sumirlo también en un estado de duelo permanente, en indefensión, destruyendo gradualmente el tejido social.
