Educación superior: ¿derecho o privilegio?
El informe mundial de la UNESCO sobre las sociedades del conocimiento señala que, la brecha cognitiva es una realidad innegable que separa a los países más desarrollados de los países en vías de desarrollo. Los cambios dinámicos de la ciencia, los actuales descubrimientos y la constante evolución del conocimiento y tecnología hacen que la brecha sea más latente entre países. El mismo informe señala que, la forma de reducir dicha brecha cognitiva y la dependencia de conocimiento es convirtiendo a (1) la práctica científica, (2) el fortalecimiento del desarrollo del conocimiento local, (3) el desarrollo tecnológico, (6) la investigación y (7) la innovación como prioridades de toda política y acción de los poderes públicos, articulada a todos los sectores económicos de una nación.
En este sentido, la sociedad ecuatoriana mediante la Carta Magna codificó el carácter jurídico-político y principios respecto a la Educación Superior del Ecuador: se garantiza como un derecho y un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal (Art. 26); responde al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos (Art. 28); tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (Art. 350); se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global (Art. 351); las instituciones de educación superior, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro (Art. 352); se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación (Art. 353); se reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas su autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica (Art. 355); se establece la gratuidad vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes (Art. 356); se establece que habrá una preasignación presupuestaria del estado destinada a la educación superior, cuyas transferencias serán predecibles y automáticas (Art. 298).
Todo este articulado, justamente, garantiza la base legal para la construcción de un sistema de educación superior que vaya acorde con la reducción de la brecha cognitiva y la dependencia de conocimiento respecto a otras naciones. No se puede dejar de mencionar que la LOES 2010 debió ser discutida ampliamente con los actores del sistema de educación superior: estudiantes, trabajadores, docentes y autoridades. Esta carencia de diálogo y apego a la realidad nacional generó posiciones antagónicas entre actores y gobierno de turno. Hoy, la coyuntura es diferente. Se plantea la discusión de una nueva LOES en medio de gremios de docentes universitarios con mayor grado de organización y debate, un gobierno de corte neoliberal y un número importante de profesionales con PhD producto de becas del estado.
Existen dos propuestas relevantes al momento. Una del Ejecutivo y otra de los gremios del sistema de educación superior. Definitivamente, la propuesta del Ejecutivo no es una propuesta de mayor avanzada y vanguardia con respecto a la actual LOES, mientras que la propuesta de los gremios recoge la situación actual de universidad y politécnicas en base a una discusión profunda de entre sus actores. La propuesta del Ejecutivo se puede resumir en tres ejes: (1) Desregulación de la acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas; (2) Liberalización del proceso de admisión a las instituciones de educación superior, y (3) Eliminación de la gratuidad en los cursos de nivelación.
Respecto al eje 1 de la propuesta del Ejecutivo, se elimina el literal p) del Art. 169 de la actual LOES, respecto a las atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior (CES): Fiscalizar, supervisar, controlar, investigar y normar el cumplimiento de la prohibición del lucro en las instituciones de educación superior y sancionar a quienes violen o atenten contra esta prohibición, sin perjuicio de las atribuciones y competencias de los demás organismos del Estado. Esta propuesta viene acompañada con la propuesta de reabrir 14 universidades privadas cerradas por falta de calidad académica. Dentro de este eje, también llama la atención la forma de elección de lo/as consejeros académicos, CES. El ejecutivo propone 9 académicos elegidos por colegios electorales conformados por rectores de las IES: 4 de universidades públicas, 3 de universidades privadas, 1 de universidades cofinanciadas y 1 institutos superiores particulares. Además, al CES se integrarán 5 representantes del ejecutivo y 1 representante de estudiantes. Todos tienen voz y voto, excepto el representante de estudiantes que solo tiene voz. Todo esto implica la eliminación de la elección de los 6 miembros académicos del CES a través del concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo Nacional Electoral, con veeduría ciudadana y de conformidad con la Ley. Se reduce la participación estudiantil y se aumenta la representación del ejecutivo. Se elimina también el requisito de tener título de PhD o doctorado para ser parte de los académicos miembros del CES. Probablemente, lo que más inyecta inestabilidad e incertidumbre es que el nuevo CES deberá formular un nuevo proyecto de LOES en 12 meses.
Respecto al eje 2 de la propuesta del Ejecutivo, cada IES podrá tener su propio sistema de ingreso, con sus propios criterios. Claramente el ejecutivo propone que las IES podrán ofrecer cursos preparatorios para quienes no hayan aprobado el ingreso. Los costos de dichos cursos preparatorios serán establecidos por las IES. Para el ingreso a las IES, el Ejecutivo propone que cada IES defina su propio proceso y requisitos de admisión.
Respecto al eje 3 de la propuesta del ejecutivo, se eliminan los literales b y g, y se aumenta un literal h. En resumen, se elimina la gratuidad para estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. También se elimina que se garantice un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación Superior y la gratuidad, por medio del desarrollo de un estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante y su actualización periódica. La propuesta del ejecutivo se expresa textualmente en su literal h del Art. 80 que la gratuidad aplica para ecuatorianos y residentes permanentes.
A estos ejes de la propuesta del Ejecutivo sobre las reformas de la LOES, se debe adjuntar otros elementos de la coyuntura del Sistema de Educación Superior: (a) reducción del presupuesto desde el gobierno de Lenin Moreno en un total de 1237 millones de USD; (b) propuesta de reapertura de 14 universidades – de garaje – cerradas; y (c) eliminación del presupuesto de 12 millones de USD para becas en IES privadas en el 2021. Es claro que parte de estas políticas obedecen a las condiciones con el Fondo Monetario Internacional: reducción del “gasto” público. Entre 2018 y 2020, Moreno redujo un total de 911 millones de USD al Sistema de Educación General y 326 millones al Sistema de Educación Superior. Sin embargo, parecerían que estas medidas están orquestadas con asambleístas y actores políticos para el retorno de la mediocridad académica que representaban las universidades de garaje. Por un lado, se cumple con el FMI, reduciendo presupuesto a la Educación Superior y General, y por otro se generan las condiciones necesarias de mercado, creando una nueva demanda para la oferta de garaje.
En conclusión, el Ejecutivo propone una eliminación de la gratuidad en dos niveles de educación superior: cursos pagados preparatorios para aprobar el ingreso a las IES y preuniversitarios/prepolitécnicos sin financiamiento gubernamental. Este atentado a la normativa constitucional sobre la gratuidad de la educación superior en el Ecuador nos hace regresar al cuestionamiento sobre si la educación superior es un derecho de todos y todas, o un privilegio de pocos y pocas. Adicionalmente, la desregulación de la acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas en IES pone en serio riesgo el desarrollo de conocimiento y actividad científica solida y rigurosa que nos permita avanzar en cubrir la brecha cognitiva y lograr la independencia de conocimiento. A esta propuesta poco vanguardista le debemos añadir la sistemática reducción de presupuesto con la propuesta de ley para reabrir las universidades cerradas que carecían de calidad académica. Este escenario de destrucción del sistema de educación superior nos condena a seguir siendo una nación dependiente del conocimiento que se genera en otras latitudes. Nos condena a continuar discutiendo si la educación es un derecho o un privilegio. Tema que ya habíamos superado constitucionalmente.
