Alan García: El desprecio suicida por la justicia

Para contextualizar el suicidio de Alan García hay que apuntar que este se dio para evitar cumplir la orden de detención preliminar impuesta luego que el Equipo Especial para el Caso Lava Jato sindicó a García como líder de una organización criminal que incurrió en lavado de dinero, cohecho y colusión agravada para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur, durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

Es decir, el documento emitido por la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que recoge los argumentos del Ministerio Público en contra de García Pérez, señala que efectivamente, tiene lazos fundados con la corrupción. La Fiscalía identificó que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó US$ 4.8 millones a esta presunta organización criminal por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, y el fundador de esta ‘división de sobornos’, Hilberto Mascarenhas (2006-2010).

Este marco judicial es minimizado y atacado por la defensa legal de García, secundado por la élite aprista, socios periféricos y gran parte de la derecha peruana que ve con cierto estupor lo sucedido. Y es aquí donde se explica los denodados esfuerzos por convertir en ‘mártir’ al expresidente suicida, pues su figura de muerto sirve mucho en la telaraña de fabricar artilugios que entrampen los procesos de investigación y sanción a los corruptos.

Dos gobiernos nefastos

Sobre Alan García pesan en su contra serias acusaciones desde su primer gobierno (1985-1990) con las masacres en los penales El Frontón y San Juan de Lurigancho (1986) cuando los presos políticos iniciaron un motín planificado también en Santa Bárbara. El gobierno de García ordenó ‘restablecer el orden’: En Lurigancho murieron 124 reclusos; en Santa Bárbara, dos; y en El Frontón, 118. Según la Comisión de la Verdad, los senderistas rendidos en El Frontón fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

Luego un escándalo en el cual García Pérez fue acusado de enriquecimiento ilícito por su presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). La acusación incluyó un soborno de US$ 3 millones por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva al BCCI. Ya en su segundo gobierno recordemos que a través de decretos de urgencia, García logró que el Ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas, como la construcción de hospitales con costos sobrevalorados (de 23 a 535 millones de dólares).

Y no olvidemos los ‘Narcoindultos’ donde García liberó a narcotraficantes y conmutó penas por sobornos, además de los ‘Petroaudios’ donde la empresa Discover Petroleum International ganó la buena pro para la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular (2008), tal como se reveló a través de unos audios donde se escucha al aprista Romulo León informar a Alberto Químper, exdirector de Perú-Petro, que Discover estaba dispuesto a pagarle US$ 5 mil mensuales por ayudar a ganar los contratos.

Mención aparte merece el ‘Baguazo’ que fue una brutal masacre (2009) contra indígenas en la zona denominada Curva del Diablo (Bagua). Los decretos que provocaron la violencia pretendían promover la inversión en la Amazonía, pero las comunidades nativas alertaron que estos violaban sus derechos. El mismo día del enfrentamiento en Bagua, García señalaba que los indígenas no son ‘ciudadanos de primera clase’.

Asimismo, Marcelo Odebrecht se reunió con García (2009) por lo que este y sus ministros aprobaron un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y Graña y Montero incrementar en más de US$ 400 millones el costo de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del tren. A esto hay que sumarle las acusaciones en su contra por corrupción en el programa ‘Agua para todos’ que involucró al expremier Jorge del Castillo, además de los lazos que le unen a Pietro Gavina, exdirector de Camargo Correa, por presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos (2005-2008).

Escapismo político premeditado

Como vemos, existe una retahíla probada para señalar a García de serios lazos con la mega corrupción regional. Entonces, la decisión de rehuir a la orden fiscal disparándose no es un acto de honorabilidad, pues se enmarca en un escapismo planificado (así lo demuestra su carta póstuma). Es por ello que su muerte tiene un trasfondo político. Su abogado, principales dirigentes apristas y allegados, no desaprovecharon la situación para fabricar una suerte de martirologio sobre García, hablando de 'testamentos morales' o falsos victimismos.  

Han dicho que Alan 'entregó su vida para frenar la ola de detenciones arbitrarias' y que su suicidio fue un acto de 'dignidad'. Pero no perdamos de vista que lo hecho por el exlíder aprista es un tema político y no emotivo. Su entorno inmediato tratará de generar un clima de condolencia y 'duelo nacional' para evadir las responsabilidades judiciales y la orden de prisión preliminar que recaía sobre García y sigue vigente para Enrique Cornejo (exministro aprista), Luis Nava (exsecretario presidencial) y su José Nava (hijo), Miguel Atala (exdirector de Petroperú) su hijo Samir Atala, y Oswaldo Plasencia (exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico).

Lo cierto es que no estamos frente un mártir, sino ante un hecho político que nos enrostra la capacidad del poder corrupto y neoliberal de evadir responsabilidades, y que incluso puede usar una tragedia para seguir construyendo muros de protección y evasión de la verdad. Los allegados de García se empeñan en decir que solo la historia lo juzgará, como pretendiendo limpiar su nombre. Nosotros decimos que es cierto que la historia le dará el sitial que le corresponde: como un genocida y corrupto que murió sin responder por sus culpas. El pueblo no olvida.