Democracia, un gol a favor de las élites
La historia en general y los estudiosos de la democracia, nos narran que la mejor forma de gobierno es la democracia representativa. Algunos autores la definen como “el mal menor en un Estado de derecho”; apreciación aceptable teniendo en cuenta que muchos países latinoamericanos allá por los 70 atravesaban procesos de dictaduras militares con resultados nefastos para la sociedad civil. Ecuador en su retorno a la democracia en el 79 -80, consideró – igual que el resto de América Latina – que la mejor forma de gobernar el país era la dar a la ciudadanía la posibilidad de elegir sus representantes ejerciendo su derecho al voto.
Llevamos 39 años desde el retorno a la democracia, eligiendo presidentes, prefectos o alcaldes cada dos o cuatro años, para que nos ajusticien económicamente en el siguiente período. Nuestra historia democrática es tan tortuosa de contar que como ciudadanos con poder de decisión sobre nuestro futuro, no pegamos una a nuestro favor. Después de la muerte de Jaime Roldós en el 81, la democracia nos impuso la administración de Oswaldo Hurtado, que seguido de León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, el loco Abdalá etc. etc. etc. nos han llevado como corderos al matadero. Todos han consultando y han buscado asesoría en fuentes extranjeras sobre nuestro futuro, pero nunca han preguntando a los dueños de casa (la ciudadanía) las normativas que nos hacen falta para nuestro bienestar. Deciden por nosotros.
Recordemos que la democracia es “el gobierno el pueblo” como popularmente se define, en sí, una “copia” de la democracia ateniense concebida por el siglo IV antes de nuestra era. Un gobierno que comprendía la libertad de participación y opinión de todos sus habitantes en el Ágora de la ciudad, donde se debatía con argumentos sólidos y criterios intelectuales la normatividad que debería regir el comportamiento ciudadano y la política estatal. Pero sería necesario detenernos en esta frase, “participación de todos sus habitantes”, cuestionándonos que el término “todos”, ¿a quiénes involucra?
Las discusiones sobre la democracia engendran varias percepciones, por un lado, tenemos la posición platónica que esboza una idea de democracia elitista, es decir, los únicos indicados para decidir y gobernar serían quienes mantienen un estatus superior al resto de la ciudadanía, entiéndase estos, como los grupos económicos fuertes, intelectuales y castas familiares. Por otro lado, tenemos la posición aristotélica que construye su idea sobre una democracia más amplia, es decir, que todos deberían opinar por igual y bajo las mismas condiciones, sin observar su estatus económico o social, pues todos tienen algo que aportar.
En la antigua Atenas los poseedores de tierra y riqueza, al igual que los burócratas, eran quienes podían participar y opinar en el ágora sobre la problemática social. Las otras clases sociales, (término que usaré por la familiaridad de su concepción, acuñado por Karl Marx), se dedicaban al servicio de la nobleza ateniense, y una tercera clase social servían como esclavos. Estos dos últimos eran precisamente quienes no tenían acceso al ágora por su condición económica y social, pero eran igualmente gobernados por las leyes que la nobleza creaba para sí.
Sin embargo, en un rastreo de datos democráticos, el escrito “Bajo la sombra de Atenas” de Gabriela Ippolito-O’Donnell, nos cuenta que “para preservar la independencia de los ciudadanos pobres de los ricos y garantizar el acceso al ejercicio pleno de la ciudadanía (participación democrática), los atenienses implementaron medidas específicas para redistribuir parcialmente los ingresos –aunque no la propiedad– y posibilitar su participación política directa y generar juicios democráticos genuinamente deliberados.” Es decir, una suerte de democracia directa instituida para los gobernados.
Evolutivamente vemos que poco o nada ha cambiado. En Ecuador por 1997 cuando el congreso destituía a Abdala Bucarám, se reinstituían varios mecanismos de democracia directa en el país (referéndum, consulta popular, iniciativa popular normativa y revocatoria del mandato) como una alternativa de participación ciudadana para la sociedad civil. Sin embargo, los requisitos para su activación provocan hasta hoy un cierre social que impide su activación desde abajo, haciendo necesaria la activación de la organización social como mecanismo de presión ante el estatus quo del sistema político. A pesar de ello, la activación de estos mecanismos siguen dependiendo de la estructura de poder y su sistema institucional cooptado por los gobiernos de turno.
Nos hablan de democracia y del poder del pueblo, pero siguen decidiendo por nosotros, cómo vivir, cómo pensar, cómo endeudarnos, cómo pagar y hasta cómo morir. En consecuencia, la democracia sigue siendo un juego de élites donde las mayorías seguimos buscando espacios de participación pensando en que algún momento escucharán nuestras demandas. Por tanto, la organización social es la única salida para hacernos escuchar.
