Filtran información privada de ecuatorianas y ecuatorianos
El Ecuador se despertó este lunes para conocer que los datos de gran parte de su población están expuestos en el Internet. Fueron filtrados por el mal manejo de la empresa local NOVAESTRAT, con número de expediente en la Superintendencia de Compañía número 308645.
La gravedad de esta noticia aún no puede ser caracterizada, sobre todo por sus dimensiones es un escándalo mayor que abre un fuerte cuestionamiento: ¿Por qué una empresa privada tiene la base de datos del Registro Civil, el BIESS y la AEADE? ¿Cómo es el manejo de la big data en el Ecuador y, cuál es el nivel de responsabilidad del gobierno en este asunto?
Según el portal ZDNET, quienes investigaron la filtración junto a un grupo de expertos, determinó que se tratan de 20,8 millones de entradas, recordemos que la población del ecuador ronda los 16 millones de personas. La información filtrada incluye la data de menores de edad -6,77 millones de entradas-, así como información sobre los clientes del BIESS y sobre 2,5 millones de propietarios de vehículos.
Entre la información que se encuentra tenemos números de cédulas, de teléfonos, direcciones de hogares y trabajo; información financiera, tributaria y crediticia; record laboral, matrimonios, historia educativa e incluso información sobre el árbol genealógico de la población, mucha de esta actualizada hasta el 2019.
En la investigación, de la que la BBC también se hace eco, se señalan dos orígenes distintos para la data, la primera es pública, incluyendo al Registro Civil y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, una segunda privada, que contiene la información de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.
El enfoque de los medios de comunicación comerciales alrededor del mundo es poner énfasis en lo valiosa que es dicha información para criminales. Pone en peligro a las personas mayor cantidad de recursos, por posibles robos relacionados con el cruce de variables como direcciones, modelo de carro, trabajo e incluso dónde estudian los hijos de dichas personas.
Más, este enfoque de clase, trata solo una arista del problema, el miedo de las clases más acomodadas de la sociedad frente al resguardo de sus procesos de acumulación individual. El problema se muestra como algo mucho más complejo: la forma de cómo las autoridades públicas trafican con nuestra información, supuestamente privada, con fines comerciales y de control.
De esta manera, una pequeña empresa que cuenta con un capital suscrito de 400 dólares y está en funcionamiento desde el 2017, tiene en su poder una base de datos de más de 20 millones de entradas. Nos enteramos de este tráfico de información por la falta de capacidad técnica para resguardar la data, lo que abre la pregunta: ¿Quién más tiene información delicada sobre la población?
Seguramente la empresa entrará a la picota, si es que esta información es tratada por los medios comerciales a nivel local, sino, será enterrada, como semana a semana sucede con los escándalos, meteduras de patas, ventas de la patria e irresponsabilidades del mal gobierno de Moreno, Nebot y Lasso.
Hasta tanto habrá que cambiar las claves de los correos y demás servicios que usemos en línea, esperando que nuestra información personal no sea mal utilizada, porque, aunque se señale que ya el 11 de septiembre dejó de estar en línea la información, el daño está hecho y sobre todo, se vislumbró la negligencia y corrupción con la que trabajan con big data en el país el gobierno y las empresas privadas.
