Masacres carcelarias en el Narcoestado
Ecuador se empieza a ver cada vez más como una distopía, una pesadilla donde la esperanza se va apagando y los monstruos que hay que enfrentar se vuelven más violentos y sádicos, donde quedan cada vez menos personas que se sumen a la lucha -porque migran, porque se dan por vencidxs, o porque mueren- y el horizonte se difumina en un no futuro.
Mientras la clase empresarial prepara el Estado policial, frente a la segunda vuelta electoral anticipada, las acciones de contundente atrocidad en contra del pueblo, se multiplican. Frente a la huelga de hambre en la que se encuentra una gran mayoría de la población carcelaria desde el 28 de agosto, provocada por los tratos deshumanizantes de su existencia en confinamiento, la noche del 30 de agosto, estallaron dos vehículos en la ciudad de Quito. La burguesía promueve y facilita la imposición de una política del terror, enunciada como política de Estado.
El Ecuador se precipita hacia una espiral catastrófica de la que se benefician únicamente banqueros y empresarios y esta política se ha convertido en la “nueva normalidad”. Mientras advertíamos de las posibles consecuencias de un pacto sacrosanto entre el empresariado y el crimen organizado desde hace más de dos años, el Ecuador se ha convertido, hoy por hoy, en el más reciente de los Narcoestados, sostenido únicamente por gracia y colaboración de la burguesía. Además de los discursos de odio en contra de la clase trabajadora organizada y precarizada -a la última categoría pertenecen lxs PPL- lo que ha desatado la radicalización de la clase parasitaria resulta en una fascistización social que pretende desatar un exterminio, bajo los estandartes de la libertad y la propiedad privada.
La última masacre carcelaria de julio dejó 31 ejecuciones, que se suman a las más de 500 vidas que se han tomado desde el 2021. Lo triste consiste en reconocer que es la misma violencia en la que se encuentra hundido el país, la que vuelve al pueblo fascista, lo hace rugir por la sangre de sus mismos hermanos y hermanas, sobre todo y como siempre, deshumanizando a las personas privadas de libertad.
Las crisis carcelarias -y las consecuentes masacres en prisión- son la manifestación más cruel de la imposición del Narcoestado en el Ecuador por parte de la burguesía, como instrumento mediático e ideológico para legitimar la militarización de la sociedad y la persecución a la organización popular. El Narcoestado funciona como la organización del poder institucional que emplea una estructura dual, lo lícito y lo ilícito, la burguesía con el crimen organizado -lo que comúnmente representa lo mismo-. Estas tejen una alianza que radicaliza el libre mercado y profundiza el capitalismo que se extiende a todos los ámbitos de la vida social.
Esta alianza podrida logró que el Ecuador se vuelva un epicentro del tráfico y distribución de la cocaína en Sudamérica y el mundo, rompiendo todas las estadísticas sobre la violencia a nivel internacional y llevando a que los militares controlen el orden público interno, y en consecuencia instalando el miedo en la sociedad, un terror que individualiza y predispone al sujeto a lógicas xenófobas, racistas, violentas y en última instancia, fascistas.
Mientras el crimen organizado consiguió practicar una injerencia central en el ejercicio de poder, esto le da mayor facilidad para lavar dinero; y a cambio colabora con la burguesía en el control de la organización popular y el territorio, para que la misma siga desfalcando a las instituciones públicas a diestra y siniestra. Así, cuando se logra institucionalizar el Narcoestado, este se convierte en un mecanismo que, además de imponer el libre mercado en cada instancia social, también contribuye a resolver el auge de la organización popular que genera la crisis de hegemonía que sufre el capitalismo en momentos de crisis múltiple, como el actual.
Volviendo a lo dicho, las constantes crisis carcelarias son la cara visible de que el Narcoestado está imponiéndose en el país, pues el poder institucional lícito -el gobierno, el Estado- le deja a su contraparte ilícita – el crimen organizado-, controlar ciertos espacios públicos de poder, como las cárceles. La gestión penitenciaria es responsabilidad expresa del Estado, siendo un principio declarado en la Constitución del Ecuador, manifestado especialmente en los artículos 35 y 51. En el caso de que los gobiernos de turno no cumplan con está función -sea por su acción o por la omisión de sus obligaciones-, estos violan y atentan directamente contra los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, así como los de sus familias. La vulneración de estos derechos ha venido sucediendo en el país con una mayor contundencia desde 2019, con el inicio -por lo menos mediatizado- de las masacres carcelarias, pero las crisis en las prisiones que producen estas carnicerías, se generaron hace casi una década.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), explica que en 2014 hubo una política de inteligencia policial que ingresó a prisiones e instauró privilegios entre bandas. Después, con la eliminación del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia en el gobierno de Lenín Moreno, ya no hubo una capacidad para negociar ese sistema de privilegios que se había creado, además que eliminó una serie de servicios como programas de rehabilitación, o servicios de salud. Existen resoluciones internacionales desde la Corte Interamericana que concuerdan en lo mismo: las crisis carcelarias en Ecuador “responden al abandono estatal del sistema penitenciario desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral”.
En este sentido, el propio Estado es el que propició un vació de poder en las cárceles, para que el crimen organizado lo ocupe, y establezca ahí un -libre- mercado de las drogas, y de negocios ilícitos. En estos términos nace el Narcoestado cuando los factores estructurales mencionados -el abandono de la cárceles por parte de la administración estatal- apoyan e impulsan la explosión de violencia. Como consecuencia, no solo se profundiza el capitalismo, sino que este se impone con tintes fascistas, que mueven la sensibilidad del pueblo hacia ese fundamentalismo ideológico, y que se encamina a dominar a la clase trabajadora en lo económico, financiero y en términos territoriales, así sea con violencia manifiesta.
Desde estas posturas de extrema derecha surgen discursos que argumentan la necesidad de la militarización del país y de la totalidad del mundo de la vida, que vienen sustentados materialmente con la intervención directa del imperialismo yanqui, y que en lo concreto solo buscan criminalizar y perseguir a la pobreza y la organización popular.
En el claroscuro, en un Ecuador del no futuro, donde resulta inimaginable visualizar un proyecto de país con un horizonte de liberación y justicia social, el camino de la revolución puede verse doloroso, porque exige sacrificios enormes. Pero saben una cosa, amar no es fácil; la revolución es para valientes, por nuestro pueblo que es fuerte y digno, lleno de una fe combativa, y para no caer en un vórtice de desesperanza y vacío, resulta imprescindible reivindicar siempre la organización popular anticapitalista.
