¿Quién gana con la paranoia global?
Las crisis siempre se presentan para algunxs como un negocio lucrativo en múltiples aspectos. La actual paranoia orquestada por los grandes medios de comunicación en torno a la propagación del coronavirus a lo largo y ancho del planeta, parece estar beneficiando a ciertos grupos económicos y políticos, los cuales pasan a especular con proyecciones económicas basadas en una eventual masificación de la epidemia. Como en cualquier crisis, existen ganadorxs, perdedorxs e intereses que reconfiguran las relaciones de poder existentes y sus áreas de influencia. En términos generales, el desenlace del escenario actual estará condicionado en gran medida por la estrategia que implemente China frente a COVID-19 tanto en términos sanitarios como económicos y geopolíticos.
El desplome del petróleo a inicios de esta semana, con una caída del precio del barril de West Texas Intermediate y Brent en casi un 30%, se enmarca directamente en la dinámica antes mencionada. La semana pasada, tras no llegar a un consenso entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en torno a las medidas a tomar frente a la contracción de la demanda china, Arabia Saudí decidía de forma unilateral el aumento de su producción petrolera con una proyección de más de 10 millones de barriles diarios a partir de abril de 2020, forzando así un desplome del precio del petróleo. Como consecuencia, las bolsas de valores alrededor del mundo cerraban este lunes con números rojos en torno al 12% respecto a su cierre anterior. Y aunque durante los días siguientes tanto el petróleo como las bolsas de valores parecen recuperarse levemente, resulta imposible prever su desenlace a mediano plazo.
Un sinnúmero de gobiernos alrededor del mundo se encuentra aprovechando la coyuntura actual para implementar medidas económicas de carácter urgente o restringir la libre circulación de personas en regiones específicas. El anuncio de Italia, Austria y Alemania de un posible aislamiento de millones de personas como medida preventiva ante el contagio del coronavirus puede bien corresponder a un experimento con medidas de control social en sus propias poblaciones, las cuales podrían sentar precedentes con potencial de replicación y escalabilidad en diversos escenarios que puedan manifestarse en el futuro.
En el Ecuador, el gobierno nacional tampoco se queda atrás en su intento de instrumentalizar la caída del petróleo y el desplome más significativo de las bolsas de valores a nivel mundial desde la crisis financiera de 2008. Lenín Moreno pretende aprovecharse de la coyuntura actual como justificante para profundizar la implementación de reformas legales que permitan la materialización de la condicionalidad crediticia adquirida con instituciones financieras extranjeras, en las que EE.UU. mantiene intereses mayoritarios. Una epidemia, crisis humanitaria o conflicto bélico no termina por ser simplemente eso. Resulta que fenómenos de esta naturaleza representan una ventana de oportunidad para negocios o facilitan la implementación de medidas antipopulares con un alto costo político y social cuya aprobación en otras condiciones sería impensable.
En una rueda de prensa dada por Lenín Moreno este martes en Carondelet, durante una reunión mantenida con gremios empresariales, el presidente declaraba que: “con respecto al acuerdo con el FMI y con el Banco Mundial, alguna dificultad tuvimos en diciembre por algo que se venía arrastrando y no fue nuestra culpa”. En un intento por culpabilizar al pueblo por no acatar con beneplácito las medidas que le ponen la soga al cuello, Moreno parece desligar toda responsabilidad del gobierno nacional respecto a la creación de las condiciones que desembocaron en el Paro Nacional de octubre pasado.
En sus declaraciones, Moreno también se refería implícitamente a la eliminación de los subsidios a los combustibles, medida que de acuerdo al paquete definido con el FMI debía concretarse antes de concluir el año 2019 y la cual fue el detonante del proceso de resistencia popular desarrollado hace cinco meses. Entre las medidas anunciadas por Moreno la noche de este martes se encuentran: recortes presupuestarios a las finanzas del Estado en 1400 millones de dólares adicionales, el incremento del 0,75% del valor de retención al impuesto a la renta a empresas, un pago único del 5% del avalúo a vehículos valorados en más de 20.000 dólares, y la eliminación y fusión de instituciones estatales como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Pero probablemente la medida que tendrá mayor repercusión a nivel económico sea el anuncio de nuevos créditos con instituciones financieras internacionales por un valor estimado de 2.400 millones de dólares, maquillándolo como “mejoramiento de las condiciones de nuestra deuda externa”. Estos créditos adicionales sólo exacerbarán el incremento del total de la deuda, resultando en un proceso completamente contradictorio e insostenible. La deuda externa simplemente no se puede financiar con más deuda.
Adicionalmente, la semana pasada se manifestaban las intenciones del gobierno de agilizar el proceso de negociación en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) que se busca concretar con EE.UU. La embajadora de Ecuador en Washington y confidente personal de Donald Trump, Ivonne Baki, declaraba que se retomarán las negociaciones en el punto en el que se abandonaron en el año 2005, como consecuencia del derrocamiento popular del gobierno de Lucio Gutiérrez. La embajadora Baki insistía la semana pasada en la necesidad de que este TLC se concrete antes de un cambio de gobierno tanto en Ecuador como en EE.UU., mientras exista voluntad política. En las mismas declaraciones, la diplomática estimaba que el proceso de negociación tomaría un aproximado de siete meses, antes de concretar un acuerdo final.
Y para completar el miserable panorama económico y social al que el gobierno nacional ha inducido al país en estos tres años de mal gobierno, Moreno y sus acólitos parecen esmerarse en atarle las manos en términos presupuestarios y económicos a la administración que le suceda. Existe una alta posibilidad de que la deuda contraída, para auto complacencia del gobierno nacional, al estilo argentino, terminará volviéndose insostenible. Una falta de liquidez que amenazaría la sostenibilidad de la dolarización en el Ecuador como resultado de la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas completa un panorama de inestabilidad económica que podría exacerbarse durante los siguientes meses.
Sin duda, la firma de un TLC con Estados Unidos acrecentará las desastrosas condiciones económicas actuales en las que nos encontramos y además definirá su destino en términos agroindustriales y agrícolas. Teniendo en cuenta la inmensa disparidad productiva entre Ecuador y EE.UU. (únicamente en términos poblacionales, EE.UU. cuenta con una población 20 veces mayor a la del Ecuador) se establecería un libre mercado entre dos economías extremadamente desiguales. Los productos agroindustriales estadounidenses, los cuales al igual que en la Unión Europea, reciben gigantescas subvenciones, inundarían el mercado ecuatoriano sin la más mínima posibilidad de que el sector agricultor pueda competir con productos que se encuentran muy por debajo de los precios locales. Los TLC de EE.UU. con Colombia y México sirven como ejemplo y advertencia a un escenario semejante en Ecuador.
Ante la evidente inexistencia de un mínimo de memoria histórica entre los grupos políticos de poder actuales, le ayudaría al gobierno a recordar la forma en la que terminó el último que pretendió imponer un TLC con EE.UU. El pueblo, por su parte, se encuentra despierto y ya no se come cuentos gringos.
Referencia fotográfica:
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