El Acuerdo de Escazú y la defensa de la naturaleza en el Ecuador
Mediante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar a nadie atrás.[1]
El mundo actual necesita una nueva conciencia histórica ambiental para aprender de los fracasos del pasado, para comprender el sentido del presente y para elaborar los proyectos del futuro. En ese sentido, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en adelante Acuerdo de Escazú, surge como aliento esperanzador para quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza.
Como antecedente, este acuerdo se originó a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas Río+20 del año 2012, tomando como base el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que establece, principalmente, la necesidad de la participación de la sociedad civil en temas ambientales. Finalmente, años después y luego de varias negociaciones el Acuerdo de Escazú es adoptado por consenso y sin reservas en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, llegando a ser el único acuerdo vinculante que surge a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y es el primer acuerdo ambiental en el mundo que establece disposiciones respecto a la protección de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
A su vez, el Acuerdo de Escazú gira en torno a tres derechos fundamentales en asuntos ambientales: el acceso a una información técnica, social y ambiental para que todas las personas puedan conocer sobre los impactos que generan las actividades extractivistas en la región; la participación ciudadana, que promueve el involucramiento, seguimiento y vigilancia de la sociedad civil y el acceso a la justicia ambiental. Es decir, que existan mecanismos jurisdiccionales de prevención, protección y reparación para los defensores del medioambiente. En otras palabras, es importante que la sociedad civil y las comunidades hagan suyo este instrumento y le den vida.
Ahora bien, dentro del contexto ecuatoriano podemos decir que el Acuerdo de Escazú responde a una lamentable realidad, siendo Ecuador uno de los países más biodiverso en el mundo en el que los defensores de la naturaleza son criminalizados, la protesta social es reprimida y las normas penales respaldan un discurso utilitarista del desarrollo, situación que se refuerza gracias a la complicidad del gobierno que da su venia para que las multinacionales hagan de este tesoro natural su festín. Un ejemplo actual, es la pasividad estatal respecto al laudo arbitral a favor de Chevron o el atentado a los bienes y a la integridad de Margoth Escobar y Raquel Morante en este mes de octubre.
Para volver a creer, debemos incidir, exigir y proponer. En esa línea, el Ecuador al firmar el Acuerdo de Escazú debe reforzar su normativa nacional con estándares de protección a los defensores de la tierra, dejando a un lado su política de control territorial, militarización y debilidad ante las empresas extractivistas. Es decir, el Estado debería garantizar a las personas un verdadero acceso a la justicia en asuntos ambientales, respondiendo a favor de los derechos humanos y de la naturaleza.
A este desafío se suma la construcción que se ha impregnado en el imaginario colectivo que tiende a minimizar e incluso invisibilizar el repertorio de acción de los defensores de la naturaleza, por lo que uno de los mayores retos en este tema es reducir la dispersión de la sociedad. Si bien es cierto que la Constitución ecuatoriana en su capítulo séptimo reconoce a la naturaleza como titular de derecho[s], no existe un desarrollo normativo sólido que garantice su protección, ni receptividad social que la acoja.
Por lo antes dicho, considero que es necesario abrir más espacios de discusión y reflexión para evidenciar que esta lucha no es una lucha ajena ni una mera abstracción sino un sentir profundo, que lamentablemente hasta el día de hoy ha costado muchas vidas.
El Acuerdo de Escazú es un llamado de atención y activación dentro de esta problemática socio natural actual, donde el control de los recursos significa el control de la vida.
Bibliografía.
CEPAL. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 4 de marzo de 2018.
[1] CEPAL, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 4 de marzo de 2018.
