Caso CN: complicidad político-empresarial en el impago de 15 años de utilidades
El 18 de abril de 2018 la Corte Constitucional del Ecuador resolvió a favor de lxs ex trabajadorxs de Cervecería Nacional, el pago de las utilidades adeudadas del periodo de 1990 al 2005.
La sentencia dispone al Ministro del Trabajo, determine un monto económico correspondiente al derecho de utilidades, y ejecute la norma y mande a pagar a lxs trabajadorxs.
Después de cuatro ministros y dos gobiernos, el dinero sigue sin llegar a manos de lxs ex trabajadorxs.
Entrevisté a Vicente Reátegui Jiménez, abogado de lxs ex trabajadorxs de la Cervecería Nacional, que desde el miércoles 11 de enero se encuentran en un plantón indefinido al frente de la Corte Constitucional en Quito, para exigir el cumplimiento de la sentencia y después de 15 años de lucha, se reconozcan sus derechos.
GR: ¿Cuáles son las demandas y las razones del plantón que hacen frente a la Corte Constitucional?
VR: En estos casi 15 años de lucha ya se ha ganado absolutamente todo en la justicia constitucional. Es decir, ya hay una sentencia que se emitió después de tanta lucha, después de tanto sufrimiento de los trabajadores de Cervecería Nacional; en abril del año 2018.
Lo que estableció esta sentencia de la Corte Constitucional, órgano de la máxima justicia constitucional, es que efectivamente la Cervecería Nacional violentó durante 15 años el derecho a utilidades de los trabajadores, en el periodo entre 1990 y 2005. En todos esos años, no les pagó un solo centavo de dólar a sus trabajadores por concepto de utilidades.
Pese a existir una sentencia -la ley es bastante clara respecto del cumplimiento de una sentencia-, que va dirigida y dispone al Ministro del Trabajo que determine el monto y mande a pagar, ninguno de los ministros han determinado el monto, ni han mandado a pagar a la empresa. Siempre ponen pretextos y excusas. Ellos han sido Raúl Ledesma en 2018, después Andrés Madero en 2019, Andrés Isch en 2020, y ahora Patricio Donoso.
La Corte Constitucional, después de emitida la sentencia y una vez que no se ejecutó, emitió un auto de verificación del cumplimiento de esta sentencia. Lo emitió el 13 de enero de 2021, es decir ya se cumplieron 2 años de ese auto, en donde le dijo al ministro: "determine el monto y mande a pagar, sino pagas te vamos a destituir". Es una orden so pena de destitución, es una orden con prevenciones de ley. Pero el ministro igualmente presento aclaraciones y ampliaciones.
En este momento la Corte Constitucional, ha llamado por el no cumplimiento del auto de la ejecución de la sentencia a todos los actores sociales, y ha recabado la información de por qué no se ha ejecutado la sentencia, y por qué no se ha ejecutado el auto.
Nosotros estamos proponiendo el plantón para decirle a la Corte que emita un nuevo auto y que revise las actuaciones de este ministro, de por qué no ejecuta una orden constitucional.
La otra razón es que en este proceso existen 2608 perjudicados. El ministro del trabajo pone como excusa no pagar el monto de las utilidades, porque los trabajadores “no nombran a uno solo” y advierte que él tampoco continuará con la ejecución.
La Corte Constitucional tiene que pronunciarse para dilucidar esos problemas, esperemos que sea este mes, porque la Corte tiene plena competencia para hacerlo y designar a un representante de los trabajadores. Además incluso tiene plena competencia para emitir en su auto la destitución de este Patricio Donoso.
Nosotros creemos que en este mes la Corte Constitucional puede emitir un nuevo auto, que contenga disposiciones concretas y precisas para la ejecución de la sentencia.
GR: ¿Qué respuestas dio el ministro Donoso en la comparecencia que tuvo en la Asamblea Nacional este viernes 11 de enero?
VR: En este momento estamos llevando dos procesos administrativos y legislativos en la Asamblea Nacional, el primero tiene que ver con que el MT según el Artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dice exactamente que cuando existe una sentencia o un dictamen de la Corte Constitucional, este es de cumplimiento inmediato y obligatorio, sin perjuicio de que existan peticiones del funcionario de aclaraciones o ampliaciones.
Es decir, nada suspende la ejecución de una sentencia constitucional. Por esa razón la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social –CDTSS-, llamó a comparecer al Ministro del Trabajo. Así los asambleístas como entes fiscalizadores, cuestionen por qué no cumple con la ley. No tiene pretexto alguno para no ejecutar.
Donoso ha tomado como muletilla, que como los trabajadores no presentan un solo procurador, entonces no va a ejecutar. En el mes de julio del año pasado, el ministro estuvo en la Asamblea, en la misma comisión, y se comprometió a ejecutar la sentencia al momento en que designe a un solo procurador.
Escuchando este compromiso, todos los trabajadores se reunieron en Guayaquil y llevaron a cabo un proceso de elecciones y designaron a uno solo, el señor Gabriel Segovia. El proceso por el cual fue elegido Segovia, contó con la participación de un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante de la CDTSS, un notario público, todos dando fe de los votos para que sea un proceso trasparente. Sin embargo, cuando se impugnó el resultado, Donoso aprovechó la situación, y no ejecutó la sentencia. Es decir, no tiene voluntad política.
La Corte Constitucional va a resolver el asunto del representante de los trabajadores, quienes hicieron un debido proceso democrático, donde estuvieron autoridades veedoras, y comunicaron la designación de esa procuración común.
Por el otro lado, en la Asamblea Nacional estamos denunciando un contrato de inversiones, que es nocivo, no solo para los ex trabajadores, sino para todo el pueblo ecuatoriano.
El Presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Ministro de la Producción, José Prado, firmó un contrato de inversiones en donde la Cervecería Nacional invierte 100 millones de dólares, sin embargo, tan solo crea 21 plazas de trabajo, así lo dice el contrato. Como estímulo, el Estado le exonera 35 millones de dólares. La ley dice que para que a una empresa sea exonerada de dichas obligaciones, tiene que cumplir con algunas condiciones: una ambiental -que tiene su certificado-, el pago de impuestos con la obligación patronal del IESS, y con el cumplimiento de las obligaciones laborales -ese certificado no existe-.
Se firmó un contrato, otorgándole a la Cervecería Nacional exoneraciones sin cumplir con la ley. Estamos llevando a cabo una denuncia en la Comisión Económica y Tributaria, para fiscalizar los contratos de inversión. En la comisión se planteó la pregunta: ¿Existe o no existe, usted otorgó o no otorgó ese certificado de cumplimiento de obligaciones laborales?
De comprobarse irregularidades, la asamblea podría revisar todos los contratos de inversiones, a efectos de ver de qué manera se han suscrito y si han cumplido con la ley.
GR: ¿Qué resolución esperan del conflicto?
VR: Desde el 2 de marzo del 2022 llevamos una lucha permanente para que se ejecute la sentencia en Guayaquil, en el Ministerio del Trabajo. Ahora que la Corte Constitucional ha dado el impulso de conversar con los sujetos procesales de esta causa, para que expliquen porque no se ejecuta esta sentencia, hemos pasado la lucha a Quito. Todos los días un grupo de luchadores estarán frente a la Corte Constitucional, a efectos de que finalmente emita su auto, y el Ministro del Trabajo determine el monto, y mande a pagar a la empresa.
