IESS: contra reforma neoliberal

Los cambios en la seguridad social son una corriente global con mayor agresividad en los gobiernos neoliberales, como el de Ecuador, con cambios (contra-reforma) que se apoyan en el ataque sistemático de las élites que gobiernan y de  algunos representantes de pensionistas, afiliados, los medios de comunicación y los forjadores de mentiras. Es parte de los “deberes sucios” que hace el actual gobierno para maniatar la economía y hacerse partícipe de las migajas del FMI, sin que le importe la afectación de los sectores medios y pobres.

La receta neoliberal (represión incluida) se visibilizó en los gobiernos de Hurtado y Febres Cordero (sucretizadores). Dio continuidad el “social demócrata” Borja que hizo su parte con la “reforma” que profundizó la precarización laboral.

Esta receta neoliberal también incluía privatizar  o modificar la seguridad social, dándose un primer paso al modificar los requisitos de jubilación, con el argumento de su sostenibilidad.

Un hecho relevante se dio en el Gobierno privatizador de Durán-Ballén (con Dahik a la cabeza de la economía), que propuso que la seguridad social pase de la solidaridad al ahorro individual a través de empresas privadas, igual que en el Chile del dictador Pinochet. Esta propuesta fue rechazada en la “Consulta Popular” de (1995), en lo que fue un triunfo de las organizaciones populares y de los trabajadores; sin embargo, este resultado debe ser analizado y rescatado para el presente, pues los “analistas” tratan de minimizarlo y buscan hoy aupar la reforma diciendo que el rechazo no fue por la  falta de voluntad poblacional de INDIVIDUALIZAR SU AHORRO, sino por el descrédito por la corrupción.

Este gobierno también sentó las bases del feriado bancario con la ley de instituciones financieras (1994), que creó la “banca múltiple” que usó el dinero de los depositantes en beneficio de los empresarios-banqueros y sus negocios vinculados, atraco legalizado que fue avalado por la Constituyente (1998) y que “consagró el modelo empresarial neoliberal”[1] vigente hasta el 2007, en la que participaron personajes que aun fluyen en la política: Hurtado, Julio César Trujillo,  Rohon, Sevilla, Viteri, Ayala, entre otros.

Las cifras económicas al 2006 muestran la baja calidad de vida de los ecuatorianos, cifras que se empiezan a recuperar antes del gobierno de Correa y  que luego mejoran considerablemente hasta el 2017.

Con el actual gobierno, que aprovecha la desmemoria de la población, estas cifras decaen por la aplicación del programa neoliberal que incluye el perdón de más de cuatro mil millones a los evasores[2], a los empresarios el no pago de los aportes al IESS, la entrega a las empresas de más del 80% de las utilidades por la explotación petrolera, ha facilitado la fuga de capitales, está destruyendo la producción nacional y el mercado interno con el incremento de la pobreza y del desempleo, escasa inversión pública y el no cumplimiento de las ofertas de vivienda social y empleo, etc.

En este contexto, las élites que gobiernan, y que tienen como tentación principal los altos ingresos de la seguridad social, han delegado al Sr. Granda, como “encomendero”, para que orqueste la sensibilización con el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social.

Algunos puntos para este “Acuerdo” son: La elevación de la edad y tiempo de aportación para jubilarse, con el justificativo de “la expectativa de vida”, comparando con países de mayor desarrollo, incluso con Europa, olvidándose del desempleo e informalidad, agravada por las políticas del actual gobierno, especialmente entre los jóvenes y adultos mayores que, al no conseguir ocupación rentable no pueden incorporarse (y nunca lo harán) a la seguridad social y menos  podrán jubilarse.

Proponen la elevación de los aportes y no descartan la idea empresarial de que este aporte al IESS solo la paguen los trabajadores y que este sea manejado, en todo o en parte, por los “seguros previsionales” privados; asimismo, la disminución de las prestaciones y seguramente medidas paralegales como la entrega de medicina paliativa, cortapisas para las intervenciones quirúrgicas, congestionamiento de citas médicas, etc, para encaminar la demanda a los seguros privados.

Los argumentos para la contra-reforma de la seguridad social lo repiten los sectores empresariales y bancarios desde 1982 y tratarán de imponerla usando este “Acuerdo Nacional por la Seguridad Social”, como cortina para desmovilizar a la población, lograr el apoyo y criterio de las cabezas visibles de las organizaciones que se presten y el consiguiente “adoctrinamiento mental” a través de los medios hegemónicos de información.

Aún más, nada se ha hecho para revertir la baja tasa de afiliación por la precarización y ocultamiento de la relación laboral, la escasa afiliación de los trabajadores independientes (profesionales, transporte, etc.), de las personas asalariadas que laboran en los hogares, no consideran el trabajo doméstico no remunerado y la “doble presencia” laboral que justificaría una diferenciación favorable para las prestaciones.

Si hubiera prestaciones de salud desfinanciadas, no se deben eliminar, sino buscar que el Estado las asuma para hacer eficiente el uso de la infraestructura como apoyo a la red pública de salud, la que ahora desmantelan con la reducción de las asignaciones y el despido del personal.

Es indispensable que las organizaciones sociales consideren vigorizar a la seguridad social, entre otras medidas, con la afiliación universal sin restricción, con reglas proactivas, con políticas públicas que fomenten la equidad social y la protección del trabajo; y, el empoderamiento de la custodia y control de la seguridad social fortaleciendo los esquemas y medios de participación ciudadana.

Los sectores oligárquicos que nos gobiernan tienen claras sus intenciones: privatizar el ahorro interno  en la seguridad social, su administración y aprovecharlo en su beneficio como un atraco legalizado, algo similar a lo que hicieron con la Ley de Instituciones Financieras. Además, complementar este latrocinio con la privatización de las propiedades estatales, disfrazándola de concesión.

Este tema en desarrollo se junta, entre otras, con la imposición de “reformas laborales”, despidos masivos de empleados estatales, actualización de tarifas y subsidios, la reducción o supresión de impuestos directos, como el Impuesto a la Renta, patrimonio, sociedades y el aumento de impuestos al consumo, como el IVA.

[1] Paz y Miño. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/los-asambleistas-del-98-cayeron-en-una-trampa-historica

[2] Dávalos, Paz y Miño. https://actualidad.rt.com/actualidad/301871-situacion-economica-politica-ecuador-explican-expertos)