Alternativas frente a la crisis democrática en América Latina (Parte II)

El juego de intereses

El juego de intereses en Brasil -basado en instituciones y sistemas de creencias concretos- pasó a ganar visibilidad a partir de 2019, con el Gobierno de Bolsonaro. Si existe consenso alguno post-2015, resulta ser la agenda ultraliberal del chicago boy Paulo Guedes, aprobada por el mismo congreso.

Hay varios intereses sectoriales, como por ejemplo, la industria brasileña y los grupos económicos que la manejan. Estos terminan acumulando mayor capital con juegos de azar financieros, más que con la propia industria. Debido a que este sector genera empleo directo y al mismo tiempo tiene acceso a préstamos, importaciones de maquinaria, bienes de producción, capital, etc., es importante que este se mantenga, incluso para ser una forma de extraer más recursos.

Otra dimensión de este conflicto se refiere a la agroindustria brasileña, la cual tiende al entreguismo. Algunos ejemplos se encuentran entre los sectores cercanos a los senadores Kátia Abreu y Blairo Maggi (ambos ex ministros de su sector), incluyendo a la línea más dura, con la Unión Democrática Ruralista (UDR) ocupando posiciones en el gobierno de Bolsonaro.

Una tercera posibilidad es el gigantezco negocio de la fe. En este punto no debemos confundir el evangelio con el derecho evangélico, aunque este último consiga dominar el discurso del evangelismo o de los evangélicos en la política. Desafortunadamente, las posiciones más conservadoras a favor del "Occidente imaginario de la fe cristiana", terminan generando un comportamiento de rebaño en las iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales. Todo esto después de haber presentado una posición unida durante la segunda vuelta a favor del Bolsonaro.

Una crisis continental

El modelo ultraliberal que pretendemos implementar en Brasil termina por ser el mismo que se está derrumbando en Chile. Las condiciones de vida de la sociedad chilena implican una concentración del ingreso del 23 al 28% en el 1% más rico. Nuestros vecinos tienen un texto constitucional, cuya columna vertebral fue escrita durante la dictadura de Pinochet - con mucha participación de juristas y políticos del partido Unión Democrática Independiente (UDI), la cual forma la coalición del gobierno de Piñera. Incluyendo que en Chile en la actualidad, todo servicio se encuentra privatizado y no existe la gratuidad. Todo esto aporta al encarecimiento gradual del costo de vida. Además, el ultraliberalismo representa medidas que implican una carga impositiva de extrema regresividad. Es decir, que quien menos gane, más impuestos tendrá. Existe una clase media extremadamente inestable en sus condiciones materiales. Por lo tanto, el descontento actual termina por ser aún mayor.

Las actuales protestas del pueblo chileno intentan demostrar a las elites políticas -dispuestas a negociar y expertas en la traición popular- que estos supuestos chamanes de los partidos tradicionales de Chile prácticamente no han tomado posición para deslegitimar y desconstituir el texto constitucional de Pinochet. Estos mismos son los responsables de la privatización del sistema de educación superior, la salud y el desastroso sistema de pensiones.

Pero las condiciones ideológicas y organizativas están dadas y tienen, en la Plaza Dignidad -Plaza Italia, centro de Santiago- su epicentro. Los logros concretos no se han materializado aún. Las condiciones únicamente han mejorado de manera superficial. Se aplicaron varios decretos del presidente Piñera para mejorar parcialmente las condiciones de vida. Un proceso constituyente, si este no contase con una participación intermediada por políticos profesionales, no llegaría muy lejos. Hasta ahora, el modelo de convocatoria de la Constituyente está abierto y la tendencia es, primero, un plebiscito de SÍ o NO -salga o no la Constituyente- y luego el modelo de convocatoria y participación. Así, Piñera también intenta ganar tiempo y sobrevivir en medio de su defectuoso gobierno.

Por otro lado, Ecuador -donde las rebeliones populares obligaron al Presidente Lenín Moreno a revocar el aumento de los precios de los combustibles- se encuentra sumergido en una problemática muy grave, representada por el chantaje que resulta ser el argumento de que la estabilidad económica estaría vinculada a la dolarización de la economía. Ecuador es un país que no tiene moneda soberana y utiliza el dólar como moneda. Sin embargo, con una economía dolarizada, el gobierno de Rafael Correa habría generado condiciones para el crecimiento del país. Este proceso se dio incluso insistiendo en la maldición que supone la exportación de materia prima, que casi siempre choca con los derechos de las nacionalidades indígenas y las áterritorios ancesatrales de conservación.

Lo que está ocurriendo actualmente en Ecuador es un resurgimiento de la persecución jurídica y política después de un proceso popular que casi termina por derrocar el gobierno de Lenin Moreno. Este proceso logró derogar el Decreto 883 y también revertir al menos por ahora el empeoramiento de las condiciones de vida. Aunque la represión se muestra de manera contundente, existe un movimiento social que se extiende desde el campo hasta la ciudad, desde la población indígena hasta la población urbana. Es pertinente recordar que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se separó del ex presidente en el exilio desde el año 2010.

Venezuela, ejemplo crítico de crisis económica, humanitaria y política, debe su colapso sobre todo a su tradición exportadora de materias primas, que la ha transformado en una economía sobredependiente del petróleo, ignorando una necesidad de industrializarse plenamente y llegar también a la autosuficiencia alimentaria.

La crisis venezolana también tiene mucho que ver con las medidas de sanción, bloqueo económico, congelación de cuentas, aislamiento del sistema de intercambio financiero, todas ellas impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano desde el gobierno de Bush hijo. Con el aislamiento y la pérdida del poder adquisitivo del bolívar, la capacidad de importación de Venezuela es muy baja y -como el país no tiene mucha productividad- resulta que el mayor negocio en Venezuela es el contrabando. Así que el mercado blanco – con su merecida ironía- suele generar una inflación exacerbante.

En el ámbito político, la crisis venezolana se viene dando desde abril de 2002. En este año, la derecha -que perdía en las urnas- se enfrentaba a una constitución bolivariana, en la que se veía directamente afectada y la cual aún beneficia a la mayoría de la población. Antes de aquel intento de golpe de Estado del 2002, ya existía una crisis política, que se ha ido acecentando desde entonces. En la actualidad, la crisis política no termina por agravarse en Venezuela. Todo esto gracias a que la oposición venezolana resulta ser una caricatura de mafia que no logra entenderse en su conjunto. Esta incluye una parte que siempre está de acuerdo en negociar con el gobierno -lo que está sucediendo ahora- incluyendo la posibilidad de liberar a los prisioneros políticos.