Apoyo mutuo y organización popular en la España del coronavirus

La pandemia de coronavirus se ha extendido brutalmente por España, llegando a colapsar su sistema sanitario público, que sufrió un acelerado proceso de degradación y desmantelamiento desde la puesta en marcha de las políticas neoliberales de austeridad implementadas en la crisis del 2008, y desde el proceso de privatizaciones inaugurado por la Ley 15/97, aprobada por un gobierno del PSOE.

La Sanidad Pública española, que ha perdido miles de camas y de unidades de cuidados intensivos en la última década, ha realizado también, en ese mismo período, miles de despidos de profesionales, y ha mantenido a su plantilla en una situación de creciente falta de recursos y de masiva temporalidad en el empleo.

Pero el proceso neoliberal de desmantelamiento de los servicios públicos no se ha centrado únicamente, en las últimas décadas, en el sistema sanitario: los servicios sociales dedicados a discapacitados o personas sin hogar, así como la educación o los mecanismos de rentas mínimas para las familias sin recursos, han sufrido numerosos recortes. El gasto social ha sido fuertemente limitado, mientras subían las cantidades dedicadas al pago de la creciente deuda pública y se rescataba a las entidades financieras.

Este precario Estado de Bienestar español, que nunca llegó a desarrollarse tanto como en el resto de Europa, ha colapsado, en su conjunto, desde la diseminación del coronavirus y la puesta en marcha de las medidas de confinamiento.

El parón forzoso en la actividad económica, motivado por el confinamiento, ha provocado más de un millón de  despidos, la implementación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs, por los que los que cerca de tres millones de trabajadores pasan a cobrar una cuantía semejante al 70% de su sueldo anterior), la quiebra de  centenares de miles de pequeños comercios y de trabajadores autónomos, así como la simple y brutal caída en la marginalidad de la totalidad de los trabajadores informales, como las trabajadoras sexuales, los dedicados a la venta ambulante, los que hacían pequeñas “ñapas” (reformas caseras en la economía sumergida) o las personas que ya estaban desempleadas antes de la crisis.

Literalmente, millones de personas se han visto con sus retribuciones fuertemente limitadas o con muy pocos o ningún ingreso, en un momento en que, además, el sistema público de servicios sociales, de atención a las personas vulnerables o los mecanismos administrativos de puesta en marcha de las ayudas aprobadas por el gobierno, colapsan. Cientos de miles de trabajadores afectados por los ERTEs no saben cuándo empezarán a cobrar la prestación de desempleo (que, como ya dijimos, representa cerca del 70% de su sueldo anterior), porque el Servicio Público de Empleo está colapsado. Los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a la misma situación, ante la tardanza en implementar las ayudas y subsidios, así como los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (una entidad pública) que buscan permitir la supervivencia de muchas pequeñas empresas. 

Las personas que ya antes de la crisis se encontraban en una acusada situación de vulnerabilidad (desempleados, trabajadores informales, personas sin hogar, inmigrantes sin papeles, etc) se enfrentan a un escenario caótico, ya que las ayudas públicas aprobadas sólo están destinadas a quienes, de alguna manera , han perdido algo con la pandemia (un trabajo, una empresa) y los servicios sociales públicos y los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales han sido cerrados o funcionan bajo un constate acoso de quienes tienen que hacer cumplir el confinamiento. Además, cientos de miles, sino de millones de personas mayores, viven solas con muy exiguas prestaciones de jubilación en viviendas que no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad. Son personas que tampoco pueden salir a trabajar o a comprar sus alimentos, ya que suelen tener enfermedades crónicas que, ante el colapso del sistema sanitario, han interrumpido su tratamiento.

En este brutal escenario, sin embargo, las muestras de solidaridad, apoyo mutuo y autoorganización de las clases populares no han desaparecido. El movimiento sindical combativo y los movimientos sociales siguen poniendo en marcha todo tipo de iniciativas que buscan afirmar lo común y las posibilidades de construcción de una fuerza popular autónoma que sea capaz de detener esta pesadilla nacida del mal sueño neoliberal de las últimas décadas.

El movimiento sindical de base ha sido decisivo para el cierre de determinadas empresas que no estaban cumpliendo los mínimos exigibles a nivel de Prevención de Riesgos Laborales, así como han hecho cumplir las recomendaciones sanitarias en muchas empresas pese a la resistencia de algunos sectores de la patronal. La planta de Mercedes Benz en Vitoria, tuvo que ser paralizada por la representación de los trabajadores, ya que no se estaba trabajando en condiciones de seguridad. Asimismo, el sindicalismo combativo ha estado detrás de procedimientos que han llevado a la paralización de actividades o a la toma de mayores medidas de prevención de la enfermedad en grandes empresas como Konecta (la mayor multinacional del call center en España) o los metros de Madrid y Barcelona.

Además, el sindicalismo combativo ha implementado numerosas iniciativas encaminadas a mantener a la clase trabajadora informada de sus derechos y capaz de tejer redes de solidaridad efectivas en medio de la gigantesca transformación en curso, en la que es difícil seguir el hilo de la nueva normativa que va saliendo casi cada día, que los trabajadores suelen desconocer. Han abundado la puesta en marcha de teléfonos gratuitos o cuentas de e-mail de asesoramiento en asuntos laborales, de vivienda o de servicios sociales, como los organizados por el Sindicato de Oficis Varis de Barcelona de Solidaritat Obrera, por la Comarcal del Sur de Madrid de CNT, o por la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Asimismo, los bancos de alimentos de los movimientos sociales, basados en los principios de la autoorganización y el apoyo mutuo, han seguido funcionando, en ocasiones ante un creciente acoso de las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones sociales como los Bancos Obreros de toda la geografía española, o colectivos barriales como la Plataforma de Parados de San Blas y Canillejas (en Madrid) o el fondo solidario del centro social La Xisqueta (en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona)  han seguido repartiendo paquetes de comida, productos higiénicos o medicamentos en los domicilios de las familias más vulnerables. Estas iniciativas se han encontrado en ocasiones con una represión estatal sin motivo aparente: recientemente un banco de alimentos dedicado a la práctica antirracista, ha sido multado. También han encontrado apoyos claros: el sindicato Solidaridad Obrera abría recientemente una cuenta destinada a comprar alimentos para los trabajadores en paro con los 10 euros que la dirección de Metro de Madrid ha pagado a cada empleado para comprar material sanitario (lo que los trabajadores han denominado “los 10 euros de la vergüenza”, dado que es una cantidad irrisoria con los precios españoles). Asimismo, el Sindicato Popular de Vendedorxs Ambulantes de Barcelona ha puesto en marcha una red de solidaridad y banco de alimentos para este sector, especialmente vulnerable ante la crisis.

Por otro, lado, distintos organismos del movimiento de vivienda preparan una huelga de alquileres para un próximo futuro. Nos lo cuenta Gonzalo Maestro, miembro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid: hay una gran cantidad de la población que va a verse obligada al impago de alquileres e hipotecas en breve plazo, y las ayudas públicas consisten en moratorias limitadas o microcréditos, no en condonación de las deudas. El movimiento ha lanzado una campaña por la exoneración de los alquileres y ha recibido en pocos días información de más de 10.000 casos de personas que no van a poder hacer frente a los mismos. Se prepara para arroparnos con una gran huelga de alquileres, de hipotecas y de suministros (agua, luz, gas) a nivel nacional. Se ha organizado un comité de huelga a nivel estatal y se están estructurando nodos municipales y de barrio. Se está construyendo el movimiento para tratar de dar ese salto y poder generar el suficiente colchón social para impulsar la acción.

Todo ello nos muestra un escenario donde el confinamiento, la crisis sanitaria y la creciente limitación de libertades, no han conseguido hacer desaparecer las dinámicas de autoorganización social y apoyo mutuo de las clases populares. La lucha de clases continúa, pese a todo. El mundo nuevo se apunta hasta en las miradas desde los balcones confinados. El pueblo fuerte, la potencia de la base y del trabajo, se reconoce a sí mismo hasta en la debacle más profunda.