Intervención militar en Río de Janeiro: amenaza a los derechos democráticos

El pasado 16 de febrero del 2018, el gobierno ilegítimo comandado por Michel Temer, ex vicepresidente de Dilma Rousseff por medio mandato, decretó la intervención militar del Estado de Rio de Janeiro. Particularmente, en lo que a política se refiere, no estoy de acuerdo con semejante incongruencia, como si la historia regresase y las condiciones estructurales predefiniesen todos los posibles movimientos de los actores individuales, colectivos, instituciones formales y redes más o menos formales, en lo que a toma de decisiones e influencia se refiere. Lo inverso es aún mucho más verdadero, pues estoy convencido que no es posible admitir “coincidencias” entre estos tres factores.

La votación de la reforma de la Previdencia Social Brasilera, su verdadera liquidación, que garantiza privilegios para las élites estatales de primera instancia y el estamento superior - específicamente oficiales generales, procuradores y magistrados -, ampliando esos espacios para la previdencia privada y aumentando la informalidad de la fuerza de trabajo en el país (fue prorrogada del 19 de febrero, fecha de las protestas a nivel nacional, para el 28 de febrero). Existe una “percepción” de que alterar la constitución es algo prohibido durante una hasta ahora, intervención federal en un Estado de la Unión. Propongo otro análisis, como no había condición de aprobar la “reforma” de la Previdencia, aun contando con una amplia mayoría en la Cámara y en el Senado, el Palacio de Jaburu-centro político de este gobierno- decidió optar por una medida extrema con un apoyo aparente del pueblo.

El factor “Carnaval 2018”, no puede ser menospreciado, el desfile de la escuela de samba Paraíso de Tuiuti, con la temática “¿Dios mío, Dios mío, está extinta la esclavitud?”, fue devastador para un presidente impopular, con una legitimidad dudosa y atada a una pequeña cuerda de legalidad; considerando una acusación sin causa jurídica y un primera instancia con diversos blancos de investigación federal. No es admisible suponer que el marqueteiro de Temer su equipo de comunicación o la misma inteligencia al servicio del Ejecutivo, no conocieran la temática de la escuela de San Cristóbal. Inmediatamente, como operadores políticos profesionales con tal envergadura, trabajan siendo asesorados por investigaciones de opinión y con un acompañamiento semanal-a veces diario-, y considerando el boom en las redes sociales, repercutiendo en las críticas al gobierno de Temer, posteriormente al desfile. Es de suponer que al menos tal percepción tenga acelerado la decisión para decretar la intervención militar de “común acuerdo” con el gobernador de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; así como Michael Temer, ambos del Movimiento Democrático Brasilero).

Las imágenes del “caos” en el carnaval y la admisión de culpa de Pezão, asumiendo que su gabinete “no estaba preparado”, genera una percepción de Gobierno fallido en este asunto. Todo esto es una verdad fáctica, sin embargo desde el decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO) para Río de Janeiro fechado el 28 de julio del 2017, autorizando el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, la situación en la capital fluminense y su región metropolitana, no sufrieron una alteración substancial. El caos estaba y está, seguirá en tanto las condiciones no cambien sustancialmente. Los acontecimientos tampoco aumentaron, subsistieron los mismos índices absurdos de siempre. En lo que respecta a la criminalización y actividad de la “administración del crimen”, a través de las fuerzas policiacas, incluyendo a la cúpula de las fuerzas de seguridad, específicamente de la Policía Militar, nada ha cambiado desde la declaración del Ministro de Justicia, Torquato Jardim, el  31 de octubre del 2017 que dijo: “Ni el Gobernador y tampoco el Secretario de Seguridad no controlan a la Policía Militar, también que los comandantes de los batallones son ‘socios’ del crimen organizado”. Es decir, si nada cambió substancialmente, se aprovechó el uso de esta “ocasión” para aplicar el decreto.

Cabe recordar que el propio Decreto no cumplió con el proceso constitucional que es necesario en estos casos. Para validar la intervención militar en el área de seguridad pública de un Estado de unión, el Ejecutivo necesita cumplir los siguientes pasos: decretar la intervención, consultar a los consejos de la República y Defensa y tener una aprobación del Congreso. En lo mínimo podemos afirmar que el Ejecutivo tomó la medida y escuchó los dos consejos citados; La Cámara aprobó el proceso y posteriormente el Senado. Es decir, por más “interpretaciones” de este rito o proceso,  el mensaje político es demasiado claro. Se creó un pseudofactor, el mismo se tornó un acto consumado y como tal, se amplió el papel al de las posibilidades prerrogativas de las Fuerzas Armadas y, en el caso del gobierno de Temer, específicamente el general Sérgio Westphalen Etchegoyen, del grupo de la Caballería, de diciembre de 1974, de AMAN. Es hijo del general citado en la Comisión de la Verdad y tiene un perfil intervencionista. Podemos afirmar que Etchegoyen, lucha por liderar en contra del comandante en jefe del Ejército Brasilero, el también general de cuatro estrellas Eduardo Villas Bôas, que por una enfermedad dejará el puesto en marzo del 2018. Así, durante el año de elecciones presidenciales - suponiendo que las mismas ocurran, algo que creo que sí - probablemente el comando de la Fuerza Terrestre será alineado al GSI y al gobierno ilegítimo.

Es preciso recalcar que tal disputa no necesariamente implica en agrupaciones definidas como se dio durante los gobiernos de la dictadura, entre la Tigrada y la Sorbonne, o antes entre las Línea Dura e Castellistas. Tal “maleabilidad” se ejemplifica con la declaración de Villas Bôas, diciendo que: “El Ejército necesita de garantías para actuar en la intervención federal en Río de Janeiro, sin la perspectiva de una futura comisión de la verdad”. Tal declaración fue repudiada inmediatamente por los órganos de los derechos humanos y específicamente por la Comisión Especial sobre los Muertos y Desaparecidos.

Una puerta conduce a otra. Hay una disputa por “jurisprudencia e interpretación”, una más entre tantas, donde los mandatos de seguridad colectivos pueden o no ser atendidos por los magistrados. Cabe recordar, que el mandato a las residencias es individual y no territorial, considerando que no se trata de plazas de guerra, porque conceptualmente existe una clara diferencia del empleo beligerante hacia lo policial, por más violenta que sea una región, como es el caso de Río de Janeiro. Como lo difundió el periodista Luis Nassif, inmediatamente que salió la noticia sobre esta posibilidad - de mandatos colectivos - procuradores muy conocidos - como Luiz Lessa y Vladimir Aras - se pronunciaban a través del Twitter en contra de esta medida, que por alguna particularidad no consta en el Código Penal. La Procuraduría Federal de los Derechos Ciudadanos, también se manifestó casi que inmediato, emitiendo un documento y contestando el decreto de intervención, enfatizando sus atropellos e inconstitucionalidades.

Por fin, la dimensión autoritaria es visible y la aventura política a través de una cortina de humo también. El general interventor, ya era el comandante del Comando Militar del Este (CML) en la época del decreto de GLO ya citado. El general Walter Souza Braga Neto, tiene vínculos con la inteligencia de la fuerza terrestre, fue uno de los coordinadores de seguridad en las Olimpiadas de 2016 y, por los reportajes, tiene un enlace regular con los órganos de seguridad del Estado de Río de Janeiro. Braga Neto no es un interventor porque ocupaba un puesto en el CML y sí por la elección del presidente, y sin mucha imaginación, vemos la preponderancia del general Etchegoyen y del GSI en esta operación. La banalización de este empleo y la larga trayectoria del uso de las fuerzas armadas para la seguridad pública en Río; desde la Eco-92, el último suspiro de gobierno Collor antes de la acusación.

Si existiera una intención de promover la “seguridad pública” y ampliar las condiciones de “defensa de Brasil”, realmente las medidas serían contrarias totalmente. En lugar de la página de la Defensa, debería estar la de la Justicia, en lugar de un general algún miembro en primera instancia del Poder Judiciario o de la Policía Federal. En fin, todo este rito de ampliación de civiles en esta área tan delicada -la portería fue abierta desde octubre del 2010 con la llamada “Guerra de Río” y la presencia de las fuerzas militares en el Complejo del Alemán (Complexo do Alemão),en pleno segundo gobierno de Lula y con Dilma, electa como su sucesora.

Más allá del debate “técnico y especializado”, lo que vemos es un aumento de las prerrogativas del GSI -y por una parte del ala general-  y la disminución de los espacios reales  - no formales - para la protesta social en varios estados que hicieran un acuerdo de “recuperación fiscal”, junto al Ministerio de la Hacienda  comandado por el banquero Henrique Meirelles. La creación de un enemigo interno y la ausencia de inversiones sociales en áreas empobrecidas de la capital y la metrópoli fluminense, es una especie de “mexicanización” de las Fuerzas Armadas, con todo el riesgo que eso puede traer en un futuro inmediato.