Venezuela: la crisis de los bloqueos
En marzo de 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama, Washington pasó a catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de la superpotencia. Desde entonces, las medidas se han tornado más radicales. Después de la elección de Nicolás Maduro como vicepresidente en octubre de 2012 y la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro volvió a presentarse como candidato presidencial en abril del mismo año, ganando con un estrecho margen. Desde entonces, el país ha experimentado una crisis de suministro, cuyas causas casi siempre han carecido de explicación.
Las sanciones contra el chavismo comenzaron durante la administración del republicano W. Bush Jr. Según el último informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el bloqueo en contra de Venezuela comenzó en 2005. Durante estos catorce años, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado impusieron sanciones financieras a más de 111 personas y revocaron las visas de forma directa a más de 250 ciudadanos venezolanos.
El primer tipo de sanciones impuestas se basa en la aparente preocupación de Estados Unidos por la falta de cooperación de Venezuela en los esfuerzos en la Guerra contra las Drogas en 2005. Ya en 2006, funcionarios estadounidenses comenzaban también a expresar su preocupación por la falta de cooperación de Venezuela en la lucha contra el terrorismo. Como resultado, Estados Unidos prohibió todo el comercio de armas y transferencias de las misma a Venezuela desde 2006. Esto significa en la práctica, que ningún artículo o servicio de defensa puede venderse o licenciarse para su exportación en un año fiscal a un país extranjero que no esté cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Desde 2014, Venezuela se encuentra también en el Nivel 3 del Informe Anual sobre Trata de Personas. Estos países son aquellos, cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas para las víctimas de la trata o no están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo y están sujetos a una variedad de restricciones de ayuda de Estados Unidos.
Respecto a las sanciones selectivas relacionadas con acciones antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y corrupción, utilizadas como excusa por el aumento de la represión en Venezuela, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Civiles de la Sociedad de 2014. Entre sus disposiciones, esta ley requiere que el presidente imponga sanciones contra aquellas autoridades que el mismo determine. Esta también dictamina que los acusados son responsables de actos significativos de violencia o de violaciones de los derechos humanos relacionados con las protestas de febrero de 2014.
Hasta la fecha, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a 80 venezolanos de conformidad con la ley. Bajo la administración de Obama, el Departamento del Tesoro ha congelado los activos de siete venezolanos: seis miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y un fiscal involucrado en la represión de manifestantes antigubernamentales. Bajo la administración de Trump, el Departamento del Tesoro sancionó a 73 funcionarios adicionales del gobierno venezolano y militares entre mayo de 2017 y marzo de 2019.
Por otra parte, las sanciones contra la estatal PdVSA comenzaron el 28 de enero de 2019, de acuerdo con la Ley 13850. Como resultado, todas las propiedades e intereses de PdVSA están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos y están bloqueadas. Esto significa que ahora se prohíbe a las empresas realizar transacciones financieras con PdVSA, lo que atenta en contra de cualquier principio de libre mercado.
Durante la última ronda de tensiones políticas, que tuvo lugar en marzo de 2019, la estructura de distribución eléctrica venezolana sufrió un apagón repentino, que agravó momentáneamente la de por sí difícil situación de la población para mantener un estándar de vida razonable. Según el gobierno de Maduro, los problemas en la red energética del país fueron el resultado de sabotajes y ciberataques perpetrados por Estados Unidos a favor de Juan Guaidó. Aunque no existan pruebas concretas que corroboren esta tesis, la utilización de este tipo ode artificios para paralizar el suministro eléctrico del país resulta plausible. Esta tesis se basa en la conocida historia de los Estados Unidos y sus aliados en el uso de programas informáticos y hackers para sabotear las instalaciones de los opositores políticos, como en Irán en 2009.
Un temor para el gobierno de Nicolás Maduro es que el sistema de producción y distribución de petróleo también caiga víctima de sabotaje, sea este cibernético o físico. La totalidad de la economía venezolana está estructurada en torno a la industria petrolera. En caso de suspensión de la producción o del refinado del producto, significaría un virtual colapso de los pocos sectores de la economía del país que siguen en funcionamiento.
En un intento de eludir el bloqueo estadounidense creado por las sanciones a empresas y organismos gubernamentales, Venezuela cuenta con aliados estratégicos solidarios con la situación por la que atraviesan Nicolás Maduro y la población en general. Turquía e India, por ejemplo, mantienen el flujo de necesidades básicas al país, lo que alivia la falta de alimentos y otros productos. En contraste, India compra petróleo de Venezuela y Turquía compra y refina oro para las reservas nacionales del país suramericano.
Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra empresas venezolanas la semana del 18 de marzo pasado para detener los movimientos financieros resultantes del acercamiento entre Venezuela y Turquía. Esta vez, con énfasis en BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) y Minerven, una empresa minera estatal. Ambas empresas sancionadas tienen su situación de exclusión de negocios con empresas estadounidenses, o que tienen su sede o negocios con los EE.UU. justificada por la Orden Ejecutiva 13850 de 2018 (US DPARTMENT OF TREASURY,2019).
El apéndice de estas empresas a esta sanción proviene de las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que BANDES sería utilizado para el lavado de dinero por miembros del gobierno venezolano, y que Minerven pondría en riesgo a las comunidades indígenas y ribereñas por métodos mineros arriesgados, combinados con actividades de corrupción (US DPARTMENT OF TREASURY, 2019). La crisis venezolana, exacerbada por los constantes intentos de bloqueo por parte de EE.UU., parece prolongarse, sin tregua aparente.
