Violencia de género y crisis de la reproducción de la vida
Según el mapeo de las organizaciones de mujeres y feministas, en base a los datos de la Red Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia, Fiscalía, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU), así como información aparecida en medios de comunicación, entre otras fuentes, en lo que va del año 51 mujeres han sido asesinadas en Ecuador. Es decir, cada 86 horas una hija, una hermana, una trabajadora, una artista, una compañera está siendo asesinada, en su mayoría a manos de su pareja o expareja.
Queda claro, en Ecuador como en todo el mundo, ser mujer es un factor de riesgo, solo en las dos últimas semanas tres mujeres y seis niñas han desaparecido, cuatro han sido víctimas de feminicidio y una niña embarazada producto de una violación ha sido secuestrada en Sucumbíos. ¿Cómo explicar esta ola de violencia contra las mujeres? ¿Cómo detener esta crisis, esta incapacidad social para cuidar y proteger la vida?
Evidentemente la visibilización y la denuncia han sido pasos importantes, las organizaciones de mujeres y feministas han logrado posicionar la necesidad de tomar acciones y abogar por la equidad entre hombres y mujeres, sin embargo sus posicionamientos no han logrado extenderse lo suficiente en la sociedad. Para un amplio sector de la población ecuatoriana las reivindicaciones feministas aún son vistas como “extremas”, “deseos utópicos de grupos aislados” o “pretensiones de sectores privilegiados”.
Por su parte, el Estado se resguarda detrás de la recientemente aprobada “Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres” cuya implementación aún se está descifrando. Con el ritmo dilatado de la burocracia y poca claridad en los procesos a seguir, el régimen evidencia su nula intención de darle a esta crisis el nivel de respuesta que le corresponde y menos aún, tocar las raíces estructurales de la violencia de género: el capitalismo y el Estado.
Sabemos que son las relaciones de poder – sostenidas sobre la clase, la “raza”, el género, etc. – las que sostienen, posibilitan y reproducen estas violencias. La suposición de supremacía de lo masculino sobre lo femenino; una suerte de exigencia naturalizada entre los hombres de probar su virilidad a base de dominar y someter a las mujeres es la razón fundamental de los feminicidios, las violaciones sexuales y en muchos casos el móvil de los secuestros. Para los hombres esto significa la permanente puesta duda de sus privilegios, en función de las vidas que pueden controlar y sobre las cuales pueden ejercer su dominio, mientras que, para las mujeres, las niñas y los cuerpos feminizados (mujeres trans) implica la imposición de la sumisión como regla general.
Con este panorama, es evidente que si toda relación de poder supone una amenaza de violencia, abogar por la redistribución del poder entre hombres y mujeres es una forma de prevenir que ésta ocurra. En la lógica del sistema capitalista esto significa, por ejemplo, el acceso de las mujeres al salario, a la propiedad privada, a la “independencia emocional” a la “autonomía de sus cuerpos”, entre otros aspectos tradicionalmente limitados al género masculino. Si bien esta forma de “empoderamiento”, podría suponer un “freno inicial” a la intención de dominación, en cuanto ponga en riesgo las posibilidades de reproducción del capital encontrará un límite infranqueable. En otras palabras: la equiparación de los privilegios masculinos hacia las mujeres en el marco capitalista no implica necesariamente la transformación radical de la sociedad, la eliminación de la violencia de género o la distribución de la riqueza.
Siendo así, queda claro que no basta con el acceso de las mujeres a las esferas de poder en el capitalismo, sino que es necesaria una apuesta por la feminización del mundo, entendida como la valorización social de la vida por sobre la reproducción del capital, el sentido mismo de la revolución, como acto que destruye un viejo orden y constituye uno nuevo. Aquello implica por un lado que hombres y mujeres estén dispuestos a asumir equitativamente las tareas necesarias para sostener la vida, y también por la construcción de patrones socioeconómicos en los que estas relaciones sean posibles, propiciando la supresión del poder de lo masculino sobre lo femenino; uno de los elementos que sostiene al capitalismo.
¿Cómo se traduce esto a la realidad ecuatoriana? ¿Cómo se conectan estos problemas estructurales con la situación actual del país? Para los movimientos sociales, el establecimiento de las conexiones entre la violencia de género y la crisis de la reproducción de la vida en el capitalismo, permite fortalecer o tejer puentes entre las reivindicaciones feministas y las de izquierda – ambas parten de una misma tradición de lucha –, contradiciendo la perspectiva de que la lucha por la equidad es un problema aislado o propio de grupos privilegiados, otorgándole mayor potencialidad y amplitud a la defensa del derecho de las mujeres a vidas libres de violencia, así como un horizonte diferente al del capitalismo.
Al mismo tiempo, permite mostrar que cualquier injerencia del Estado en cuanto a equidad de género que no se conecte con una propuesta de modelo socioeconómico no capitalista, con una cultura anti patriarcal, etc. – lo cual significaría una contradicción misma con la naturaleza del Estado –, no logrará frenar las olas de violencia a las que viven expuestas las niñas y mujeres en el Ecuador. En este sentido la implementación de una ley contra la violencia de género, por amplia y consistente que sea, permanecerá insuficiente si es que no se entienden las limitaciones de su aplicación en los márgenes del capitalismo, donde la dominación masculina es no solo útil sino necesaria.
