100 días del gobierno de la banca
Los primeros cien días del gobierno de la banca, comandado por su hijo pródigo, Guillermo Lasso, constan como presagio de lo que nos deparan los próximos años de Estado neoliberal. La oligarquía ha tomado de forma definitiva el poder político institucional en el centro del Estado burgués. Si pensábamos que Lenín Moreno nos había llevado al abismo con cuatro años de regresión neoliberal, su continuación y profundización devendrá en una catástrofe social, económica y política sin precedentes para el pueblo. El “efecto Lasso” presupone un golpe antipopular de las élites políticas y económicas del país en contra de las clases populares que, en tan solo 100 días, ya cobra vidas y definirá el futuro estructural y material de la inmensa mayoría.
El neoliberalismo profundiza los mecanismos de exclusión propios del Estado burgués, es decir, se amplían lxs sancionadxs y se radicalizan las sanciones. A los primeros 100 días del gobierno de la banca, estos mecanismos de exclusión se vuelven cada vez más evidentes. En primer lugar, el Estado burgués –por regla- genera mecanismos de exclusión, que se depositan sobre los cuerpos de las personas que pertenecen a las clases y jerarquías sociales inferiores o dominadas: pobres, mujeres, negrxs, afros, indígenas, diversidades sexo-afectivas, discapacitadxs, locxs, animales no humanos, etcétera. Esta mecánica de exclusión tiene como función principal el sostenimiento y naturalización del orden social: el sistema de clases.
El rol del Estado burgués es perpetuar la marginalidad de lxs dominadxs, para así sostener el ejército de trabajadorxs de reserva, que no es más que pueblo acosado por la precariedad de sus condiciones materiales. En el momento histórico del neoliberalismo, en el que se transnacionaliza la acumulación del capital, el medio por el cual se ejecutan los mecanismos de exclusión, sigue siendo el Estado burgués, pero a través de un recrudecimiento de los mismos. Es decir, para poder llegar a generar los recursos necesarios para satisfacer al capital corporativo, los niveles de explotación-cosificación-opresión deben ser mucho más perversos. Así se refuerzan la alienación de clase -o la naturalización de las condiciones materiales-, el duelo social permanente, y el sostenimiento de un ejército de trabajadorxs de reserva cada vez más grande y precarizado.
El Estado en el neoliberalismo profundiza y radicaliza los mecanismos de exclusión, por medio de varios frentes: la reducción del tamaño de sí mismo en lo social, la liberalización económica, la privatización sistemática de los bienes y servicios públicos, y el fortalecimiento de los aparatos represivos.
En términos económicos y más allá del alabado plan de vacunación, Lasso plantea la reincorporación de las masas trabajadoras a una “nueva normalidad”, mucho más precaria, inestable y agresiva que antes del inicio de la pandemia y las leyes de emergencia. Una de estas leyes, la mal llamada “Ley de Apoyo Humanitario”, pretende perpetuarse como marco legal que flexibiliza la jornada laboral, las condiciones de despido y contratación -eliminando la liquidación en caso de despido intempestivo-, bajo el manto de la reforma al Código del Trabajo. Por más que Lasso trate de maquillar discursivamente sus intenciones, una gran cantidad de empresas volverán a la flexibilización laboral, que desfavorecerán frontalmente a la clase trabajadora.
Durante los primeros tres meses transcurridos del segundo gobierno neoliberal en una década, las concesiones y privatizaciones de lo público continúan su despiadado y violento curso. En el corto plazo, el Banco del Pacífico contará con una gerencia privada, además de que el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas -para su futura concesión- se acelera para liquidar más activos del Estado. A partir de septiembre, las gasolineras, las redes logísticas y la comercialización de combustibles, pasarán a subastarse a manos privadas. El Ecuador pasará a ser uno de los pocos países productores de petróleo en el mundo que -además de no constar en la OPEP- no cuente con un sector petrolero estatal. El neoliberalismo vuelve a cumplir su precepto favorito y fundamental: colectivizar pérdidas y privatizar ganancias.
La reforma tributaria favorecerá a la clase y a los sectores económicos dominantes, se desatará sobre el pueblo como factor adicional de la precarización a manos de la maquinaria de exterminio del neoliberalismo. La gran empresa será favorecida con exenciones tributarias, el sector importador-exportador será premiado con Tratados de Libre Comercio y la liberalización de la fuga de capitales mantendrá su nefasta trayectoria. La eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas, el Tratado de Libre Comercio con México y la entrada a la Alianza del Pacífico, además del tan anhelado TLC con EE.UU. serán objetivos a corto y mediano plazo por los que Lasso y su gabinete han trabajado incansablemente desde hace más de 100 días.
Otro de estos arreglos es el nefasto retorno del Estado ecuatoriano al CIADI después de 12 años. Este mismo pretende mejorar la puntuación del “riesgo país” impuesto por instituciones especulativas crediticias privadas como Goldman Sachs o Moodys, para generar confianza frente a potenciales inversionistas extranjeros. El mito de la inversión extranjera se reproduce en las bocas del neoliberalismo, obviando que en un sistema centro-periferia, la periferia siempre proveerá al centro de mano de obra barata y poco tecnificada, y materia prima para su manufactura industrial. El círculo vicioso de la dependencia se perpetúa a manos de la oligarquía en el gobierno.
En el campo de lo social, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, presentada por Lasso, es fundamental. Esta serie de reformas materializan la profundización de la exclusión, porque vulneran el principio de socialización de derechos y la gratuidad de los mismos. El acceso a una educación superior de calidad, se refuerza como un privilegio de clase, y se naturaliza bajo el discurso neoliberal de la eficiencia y productividad. La promesa de Lasso, enmarcada en la libertad de elección, como bien advertíamos, es una ficción para la privatización de la educación.
Estas reformas permiten la vulneración al principio de gratuidad, que afecta principalmente a lxs jóvenes precarizadxs, trabajadorxs, que maternan, de provincia, migrantes, de la diversidad LGBTIQ+, racializadxs, con condiciones mentales y con discapacidad. Precariza aún más a las clases históricamente marginalizadas. En total, con la reforma a la LOES, el Ejecutivo recortó 12 millones USD en becas para universidades privadas, y 40 millones USD a la universidad pública.
La crisis auto inducida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se convierte en otro elemento de exclusión. Por un lado el gobierno de Moreno no asignó fondos extraordinarios al Ministerio de Salud durante la pandemia, y el gobierno de Lasso tampoco ha hecho los correctivos respectivos. Esto degeneró en una sucesiva ola de despidos en este sector desde el 2019. En el nuevo gobierno, se ha materializado en el anuncio de que 3000 servidores del IESS serán despedidxs entre julio y diciembre de 2021. Por otro lado, hemos vuelto al desabastecimiento crónico de los 90s, en el que por cada procedimiento que tenga que realizarse una persona, sus familiares tienen que conseguir desde medicamentos, hasta instrumentos por fuera del hospital. Así mismo, se prevé un déficit mayor de acceso a salud para el 2022.
Una vez más, se juega la carta de la ineficiencia para justificar una privatización. Sin embargo, la privatización de la seguridad social esta rotundamente prohibida en la Constitución, por lo que bien podría también plantearse una consulta popular, o hasta una constituyente, que esta vez regresiones derechos a favor de las oligarquías locales y vulnere la soberanía del país, en pro de las corporaciones. La regresión neoliberal podría costarnos una regresión histórica irreparable al corto-mediano plazo.
Esta serie de regresiones en materia de derechos laborales, a la salud y educación, generen una percepción de no futuro dentro del país. Ya en estos momentos, decenas de miles de personas se ven nuevamente obligadas a migrar de la miseria del neoliberalismo. Tan solo entre enero y julio de 2021, más de 88 696 ecuatorianxs salieron del país. De estas personas, al menos 63 mil han sido detenidas y deportadas por intentar cruzar ilegalmente a los EE.UU. Según la Subsecretaría de Migración, de enero a mayo de 2021, al menos 56 390 ecuatorianxs que salieron del país, no regresaron. Así como según el diario Dallas Morning News, 500 ecuatorianxs son detenidxs en frontera todos los días. Ahora Ecuador es el segundo país con mayor migración ilegal a EE.UU.
El fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, es un elemento central en la lógica del gobierno antipopular de Lasso, ejecutando la pusilánime y lacaya política de subyugación a los intereses imperialistas de EE.UU.. Continuando con la política de Estado implantada por Moreno, el gobierno de Lasso vuelve a desplegar la maquinaria discursiva de la “guerra contra el terrorismo y las drogas”, pilares fundamentales del imperialismo yanqui, una constante desde Nixon y Bush Jr. hasta la administración Biden.
En términos represivos, el gobierno demuestra un aprendizaje en términos históricos y estratégicos. Indudablemente, ante la posibilidad de una eventual revuelta popular, el Estado burgués cooperará con otros gobiernos de ultra derecha en la región -al estilo del golpe de Estado boliviano de 2019-. Colombia bien podría proveer a las fuerzas represivas del Ecuador del arma “Venom”, con el cual incendian cráneos y pechos. Adicionalmente, el acercamiento estratégico a los EE.UU., bajo el manto del combate al “terrorismo”, bien podría conllevar a una militarización interna del territorio ecuatoriano. Esta militarización se daría tanto en términos logísticos como de inteligencia, siempre encaminada a reavivar el espectro del “enemigo interno” para su consecuente persecución, eliminación y la justificación de la aplicación del manual securitista.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional -por medio de la Ministra de Gobierno Alexandra Vela-, anunció el envío de una propuesta para la eliminación de la tabla de consumo de drogas a la Asamblea Nacional en los próximos días. De tal manera, lxs consumidorxs volverán a ser criminalizadxs por el sistema de justicia. La regresión de derechos se materializa en todos los ámbitos a manos del gobierno de la banca. La criminalización de la pobreza también adquirirá formas más radicales.
Los mecanismos de exclusión del Estado, la perversión social y económica impuesta por la doctrina del shock, la “austeridad” y la privatización de lo público, se profundizan. La banca gobernará el país con mano de acero, siempre defendiendo e imponiendo sus intereses de clase a toda costa y a cualquier precio. Ciertamente, el bloque de poder despliega su ofensiva antipopular. La lucha de clases se profundiza, y los movimientos sociales tenemos la oportunidad de construir organización y poder popular. Es hora de preparar la contraofensiva popular.
