Desgobierno a gatillo fácil
Este lunes 8 de junio, el pueblo se convoca a una jornada de movilización nacional en contra de la precarización general de la vida, la cual encuentra reconfigurándose en perjuicio del pueblo, y en claro beneficio de la oligarquía ecuatoriana. Este 2020 marca un hito en términos de regresión de derechos, por medio de leyes “humanitarias” de carácter urgente. Al mismo tiempo, el ministro Martínez pierde apuestas millonarias con fondos públicos en operaciones de “margin calls”, con fondos privados de especulación e inversión en paraísos fiscales.
Parecería que cada vez que entona un nuevo año de la administración de Lenín Moreno, este promete ser más contundente y radical que los anteriores. Al pueblo se le viene duro este año, con dos elementos que caracterizarán los meses venideros. Durante los últimos dos meses, en tiempos de pandemia y crisis múltiples, las élites económicas de las cámaras de comercio e industrias, lograron lo que parecería una victoria histórica para la derecha ecuatoriana: impusieron desde la función legislativa, instrumentos legales en materia laboral que favorecen enteramente a la clase empresarial. La nueva ley reduce el salario mínimo en un 45% y la jornada laboral en un 50%, apropiándose de la asignación de vacaciones y creando el “contrato especial de emergencia”, el cual perpetua la relación laboral pactada en un supuesto “acuerdo común” en tiempos de la actual emergencia.
Asimismo se contentó a las instituciones crediticias, con un recorte adicional del 10% del presupuesto a todas las carteras del Estado. Las entidades crediticias, entre ellas el FMI, prevén que el curso de profundización de reformas antipopulares excederá al actual gobierno, en consecuencia a la desinstitucionalización y contracción excesiva de deuda externa. En este sentido, la semana pasada el gobierno anunciaba la intención de contraer 2.400 millones de dólares adicionales en deuda, en esta ocasión con bancos estatales chinos. Esto sumaría un aproximado de deuda contraída de 13.000 millones de dólares en tres años.
Al mismo tiempo y ante la aceleración radical de las imposiciones de la doctrina del choque neoliberal, las movilizaciones continúan en medio de un escenario adverso para la lucha y organización social. El gobierno autorizó, mediante el Acuerdo Ministerial No. 179 con fecha del 29 de mayo, la persecución directa contra el pueblo, al permitir el gatillo fácil para las FF.AA. durante operativos internos, en los cuales encontrasen “resistencia agresiva agravada”. La decisión de decretar el uso de fuerza letal en este escenario le pertenece enteramente a la unidad que se encuentre en el operativo. Adicionalmente, tan sólo tres semanas atrás, el Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Sebastían Roldán, amenazaba con procesos legales en casos de contagios comunitarios en movilizaciones, al mismo tiempo de insinuar una aparente y venidera agudización de la persecución política del gobierno, al declarar la existencia de movimientos que pretenden “desestabilizar” lo cual “[...]es un delito”.
La alarma frente a este acuerdo se ha levantado desde múltiples medios populares, organizaciones sociales y observatorios de Derechos Humanos. La semana pasada, la Defensoría del Pueblo puso una demanda frente a la Corte Constitucional, precisamente denunciando la inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial No. 179, y podría traer serias consecuencias en materia de violación de los Derechos Humanos. Sin un acuerdo como este, en el Paro Nacional de Octubre, la Policía Nacional y las F.F.A.A incurrieron en el uso indebido de la fuerza, con varios muertos puestos por el pueblo, y otros delitos de lesa humanidad como dolorosas consecuencias de su brutalidad. No hace falta mucha creatividad para imaginarse que tipo de licencias se tomarían las fuerzas represivas del Estado con un acuerdo tan criminal como el 179.
De esta forma se pretende amedrantar al pueblo para imponer la privatización subsecuente de empresas y funciones del Estado, de educación y salud, como resultado de una desfinanciación crónica, y la concesión de las áreas estratégicas. Todo esto mientras el gobierno literalmente apunta armas en contra de todo quien se encuentre en desacuerdo y organizado. Así, el autoritarismo de Estado en Ecuador, se consolida mediante un gobierno neoliberal en plena pandemia por Covid-19.
Frente al Estado burgués, que pasa a la ofensiva más directa en contra del pueblo que hayamos vivido en la historia contemporánea, resulta imperante reconfigurarnos también en nuestras bases, organizándonos tanto desde las comunidades y pueblos, como también las ciudades. Ahora es mas importante que nunca crear un nexo real y horizontal entre el campo y la ciudad, materializando la consigna mas relevante de nuestros tiempos: Solo el pueblo salva al pueblo. Esto únicamente por medio de la solidaridad verdadera, la unión y la organización en clave anticapitalista, antiracista, feminista popular y ecologista social. Que este gobierno, que atenta sistemáticamente contra de la vida, nos encuentre organizadxs y de pie.
