Estado policial y fascistización social
A 11 días de la finalización de las jornadas antineoliberales a nivel nacional, por medio de la confabulación de la estrategia político-mediática del enemigo interno, la radicalización discursiva del gobierno adquiere máximos sin precedentes. La criminalización del legítimo derecho a la protesta somete a persecución al pueblo y la clase trabajadora, en una suerte de círculo vicioso que se radicaliza por parte de la burguesía desde sus medios hegemónicos de propagación masiva.
La clase capitalista vuelve a conjurar la lógica de la manufactura del consenso, para legitimar su curso militarista y autoritario. En un inicio, se manufactura una problemática: procesos populares de organización anti-neoliberales, que se conjugan con elementos como el narcotráfico y el terrorismo. Una vez posicionada la problemática, los medios burgueses imponen este imaginario como hegemónico, induciendo un momento de pánico ante la “amenaza” interna, que adquiere dinámicas sociales. En una última instancia y una vez que la opinión pública clama por una respuesta a la “amenaza”, el Estado propone su “solución”: la militarización, persecución política y sistematización de violaciones a los Derechos Humanos, bajo la consigna del securitismo neoliberal.
En la política securitista de Guillermo Lasso, la estrategia del enemigo interno requiere de un posicionamiento mediático insistente y urgente. Durante los 18 días del Paro Nacional de junio de 2022, el primer mandatario y su esbirro principal Patricio Carrillo, insistieron en dirigirse al pueblo y la clase trabajadora, específicamente al Movimiento Indígena y sus principales dirigentes, como terroristas. Este intento frustrado de deslegitimación denota una pérfida política guerrerista en contra de la organización popular, y revela las más autoritarias intenciones de control y sometimiento del Gobierno Nacional para con sus mandantes.
Por otro lado, Lasso se convirtió en el gran ausente, apareciendo esporádicamente y siempre con una posición -e inclusive atuendo- permanentemente impositiva y bélica, alimentando las ínfulas evidentemente racistas de la clase media arribista desclasada, y la burguesía naturalmente antipopular y fascista. Si bien su aceptación popular cayó por debajo del 20%, el discurso de odio promovido por la oligarquía más recalcitrante del país ha logrado calar profundamente en una parte de la población, que se encuentra atravesando una regresión conservadora. Varios registros demuestran el accionar fascista -aun no, pero pronto organizado- de civiles armados amedrentando a manifestantes en varias ciudades del país.
Uno de los instrumentos centrales del Estado policial y la radicalización de la violencia, está representado por el uso “progresivo” de la fuerza, definido en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. El veto ejecutivo parcial a esta ley, que impuso Lasso el 7 de julio, sería inconstitucional al delegar funciones a agentes represivos que permiten la subjetividad en la aplicación de la fuerza, y otros aspectos graves, como declaraba Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo.
Sin embargo es importante recalcar que esta estrategia y sus discursos no corresponden únicamente al episodio reciente de Paro Nacional. Desde que María Paula Romo fungía como Ministra de Gobierno para Moreno, la estrategia del enemigo interno ya resonaba en los medios hegemónicos de comunicación. Durante los primeros meses del gobierno de Lasso, en el segundo aniversario del Paro de Octubre de 2019, la ex ministra Vela se aventuró a hablar del Movimiento Guevarista como subversivo: las consecuencias son 8 presxs políticxs, criminalizadxs bajo la estrategia del enemigo interno. En ese momento -octubre de 2021- Lasso ya iniciaba el posicionamiento de este discurso securitista, inclusive escenificó una entrevista con Carlos Vera en el que “analizaron” fragmentos del El Estallido, texto histórico sobre la revuelta popular de Octubre de 2019.
En el mismo período, la disputa por la alcaldía de Quito degeneró en que el Social Cristiano ultra conservador Santiago Guarderas se hiciera del curul. Por supuesto, en esa evidente manipulación de la democracia burguesa, no existió reproche alguno desde presidencia o ningún otro elemento de la burguesía nacional. Desde ese momento, Guarderas también colaboró al discurso securitista, racista y estigmatizador contra la organización popular. Cinthya Viteri, Esteban Torres Cobo, Jaime Nebot, Fernando Balda, Andrés Páez, Vera Jr y Luis Eduardo Viviano no se quedaron atrás en sus llamados directos y tapiñados al fascismo.
Esta estrategia ideológica es ampliamente utilizada por la ultra derecha para persuadir a la opinión pública en legitimar e incluso clamar por una supuesta solución, que en este contexto se traduce directamente en represión, persecución e incluso muerte a manos del Estado burgués. El perfeccionamiento de los instrumentos de control y coerción social lleva a implantar el autoritarismo de Estado como lógica estructurante del capitalismo neoliberal, provocando deliberadamente una fascistización social. Así, el “yo no paro, yo trabajo” se amplifica con llamados a la violencia explícita y crímenes de odio, que se destilan incesantemente frente a las crisis estructurales del sistema capitalista. No cabe duda de que el fascismo es capitalismo en crisis.
Por medio de la manufactura del consenso, la opinión pública se redirecciona hacia el enemigo interno, desviando la atención de la catastrófica situación invocada por la lógica del libre mercado a los sectores salud, educación, empleo, infraestructura e inseguridad. Una vez que el dictado neoliberal se agudiza, se magnifica también la imposición de la violencia más cruenta y perfeccionada por parte del Estado. Esta estrategia mediática se planteó después de Octubre de 2019, y su cúspide será el Plan Ecuador: la militarización absoluta de la sociedad. Los manuales antisubversivos de la CIA y compañía vuelven a implementarse con una potencial persecución sin precedentes a todxs lxs quienes somos pueblo.
Los procesos simultáneos de deslegitimación del derecho a la movilización y organización popular, y la normalización de medidas graves de control social, como la represión y criminalización de la protesta, intentan equiparar la organización popular con crimen organizado. Al desvirtuar la protesta -con la ayuda de los medios hegemónicos- el Gobierno Nacional insiste en justificar el amedrentamiento y la persecución contra dirigentes y manifestantes, facilitando la impunidad en los múltiples casos de violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Lesa Humanidad que el Estado al mando de Guillermo Lasso, ejecutó durante 18 días consecutivos de Paro Nacional. Afortunadamente, el cerco mediático ha logrado ser vencido, y los informes de las misiones de observación internacionales son públicos y severos con la actuación del Estado.
Varios elementos discursivos son utilizados en la estrategia del enemigo interno, entre los cuales la estigmatización de la organización popular es elemental: el involucramiento con el narcotráfico juega un papel importante. “Las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico en USD 15 o 20 millones”, acusa Lasso sin pruebas y evidenciando que en la cifra, presidencia no logra ponerse de acuerdo. Sin embargo, la pérdida de control territorial como es el caso de las cárceles y fragmentos de la frontera norte, denota que son el Estado y sus funcionarios quienes han sido profundamente permeados por el narcotráfico. Esto a consecuencia directa de las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno Nacional, causantes de una reducción del tamaño y presencia del Estado en territorio, y de la imposición de una violenta precarización generalizada de la vida. La era de la posverdad permite el posicionamiento de este tipo de falacias en la opinión pública.
La realidad es tan abrumadora que es invisible a los ojos de quienes han normalizado las lógicas perversas del capitalismo. Un Paro Nacional popular se sostiene a base de una solidaridad ejercida como conciencia de clase. Los diversos sectores populares han sufrido sobre sus vidas y sus cuerpos la imposición de condiciones materiales precarias. El Paro Nacional y el liderazgo de Iza lograron generar la esperanza de una transformación real de las condiciones de vidas. El pueblo y la clase trabajadora han demostrado una vez más, con el triunfo contundente de Junio 2022, que cada derecho y conquista para los sectores populares, es conseguida solo a través de la organización.
