La austeridad mutila los presupuestos públicos
A parte de la generalización de la violencia -dentro y fuera de las cárceles- a manos del crimen organizado, y la complicidad del oficialismo en el Ecuador; el segundo elemento que destacan los casi dos años del “Gobierno del Encuentro”, es la austeridad y la mutilación de los presupuestos del Estado, desembocando en una desfinanciación crónica. La Proforma del Presupuesto General del Estado para el 2023 se estima en un total de USD 31.503 millones, reduciéndose en USD 2.396 millones comparados con el año 2022. En momentos de crisis multidimensionales, con panoramas catastróficos en los ámbitos social, educativo, económico y político, cuando un Estado más precisaría de inversión social, la burguesía agrava las crisis por medio de la imposición de la austeridad como política de Estado.
El oficialismo define su política económica en los marcos de las “recomendaciones” del FMI y el Banco Mundial, las grandes casas crediticias de la burguesía ecuatoriana. El Gobierno Nacional aclara por medio del PGE, que el año siguiente se precisará de necesidades de financiamiento equivalentes a USD 7.577 millones, mismas que serán suplidas por los organismos crediticios multilaterales. La deuda externa insostenible y el círculo vicioso que esta provoca, facilita no solo la doctrina del shock, sino que contribuye de manera indirecta a reforzar una política de ejecución precaria de presupuestos. Estos no solo se reducen para 2023, sino que profundizan las lógicas necesarias para su privatización, al inducir una inoperancia y precariedad autoprogramada.
En este contexto resulta central identificar una práctica generalizada del neoliberalismo: la baja ejecución presupuestaria como mecanismo de desfinanciamiento. A junio de 2022, los presupuestos en salud y educación se habían ejecutado en apenas un 40%, mientras el correspondiente a bienestar social representaba un 46%. A septiembre, el mismo presupuesto en la cartera de salud se ejecutó en un 64%. Estos porcentajes se muestran a la baja continua desde al menos 6 años. Una baja y precaria ejecución presupuestaria legitima recortes encubiertos como “optimización de recursos”, para sostener la desfinanciación interna de las instituciones públicas. El neoliberalismo conoce los mecanismos para culminar con la privatización de lo público.
El precepto favorito del fundamentalismo de mercado, y uno de los ejes ideológico-discursivos del gobierno de Guillermo Lasso lo representa la Inversión Extranjera Directa. El santo grial de los regímenes neoliberales periféricos, se ubicó hasta octubre de 2022 en un insignificante 0,8% PIB, menor a USD 1.000 millones. Ante tanta demagogia numérica, la desastrosa situación económica del Ecuador bajo el capitalismo neoliberal se vuelve innegable. Ni la inversión extranjera es motor de desarrollo económico alguno, ni el sector y la inversión privada son los supuestos motores de empleo que pretenden.
Al mismo tiempo, el Estado burgués continúa con su política de condonación de intereses por impago del impuesto a la renta de los grandes grupos económicos del país. Tan solo en 2021 se condonaron un total de USD 6.638 millones en exoneraciones y beneficios tributarios. Al mismo tiempo, el gobierno anuncia una reducción del déficit fiscal de USD 1.153 millones para 2023. Existe un total de USD 1.906 millones en deudas en firme de las grandes empresas y conglomerados empresariales al SRI. El oficialismo prefiere incrementar los precios de los combustibles, como hasta junio de 2022 y desfinanciar la inversión social, a facilitar la sostenibilidad fiscal por medio del cobro de las deudas de las élites industriales.
El Plan Anual de Inversiones -PAI- se encuentra presupuestado con USD 1.871 millones para 2023, mientras que se estima el presupuesto de 2022, septiembre de 2022 se encontraba ejecutado en tan solo 17%. En el PAI se incluyen infraestructura vial, educativa y hospitalaria, además de proyectos hidroeléctricos y eléctricos, proyectos de vivienda social, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, entre otras instituciones y sectores de inversión social. El PAI presupuestado para 2023 equivale a un aumento de tan solo USD 400.000 respecto al año 2022. Este es un ejemplo más de la lógica impositiva de una austeridad estructural dictada por la condicionalidad crediticia.
En el caso de que Guillermo Lasso cumpla con su promesa de campaña de aumentar el Salario Básico Unificado -SBU- a USD 500 hasta 2025, para el año 2023 este mismo se posicionaría en USD 450. Al mismo tiempo, a septiembre de 2022 se registró una inflación interanual del 4,12% con referencia a septiembre de 2021, con un costo de la Canasta Familiar Básica equivalente a USD 756,51 a octubre de este año. Cuando tan solo 3 de cada 10 personas de la Población Económicamente Activa cuentan con un empleo adecuado, -mismo que incluye percibir como mínimo un salario básico-, la inflación y la austeridad se vuelven instrumentos de control social, en medio de multiplicación de las contradicciones de clase. Sostener la vida sin un empleo adecuado -y en una multiplicidad de casos sin empleo alguno- se evidencia como una adversidad absoluta. Sin embargo, cuando esta realidad se intercala con un abandono y una obsolescencia intencional de las instituciones del Estado, dominadas por los recortes y el incumplimiento de presupuestos públicos, esta crisis estructural autoinducida desemboca en una crisis generalizada de sentidos. Los recortes presupuestarios son una herramienta central en la imposición de la lógica del dictado del libre mercado. El no futuro se instaura en el Ecuador, al dictado de la austeridad neoliberal.
