La ley también es de UNES
El pasado 26 de noviembre, el pueblo volvió a atestiguar la confabulación antipopular de los bloques de poder enquistados en el centro del Estado burgués. Mediante una jugarreta legislativa, el oficialismo conseguía la promulgación de una de sus reformas centrales: la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras La Pandemia Covid-19. Como pieza angular de dicho proceso, se perfiló la bancada legislativa de UNES, al negarse a archivar el proyecto de ley mediante la abstención.
Este lunes 29 de noviembre, el Presidente de la República Guillermo Lasso, promulgó como decreto-ley el proyecto de reforma tributaria, presentada por el Ejecutivo el pasado 28 de octubre. La Asamblea Nacional no aprobó el informe de mayoría ni el informe de minoría; sin embargo cuando la asambleísta de Pachakutik, Mireya Pazmiño mocionó la negación y archivación del proyecto de ley, la bancada de UNES se abstuvo en la votación, dejando íntegra y en vigencia la propuesta de reforma tributaria. A causa de esa abstención, el Ejecutivo se atiene al Art. 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se enuncia que los proyectos de ley que no fuesen aprobados, modificados o negados, pueden pasar como decretos-leyes por el Ministerio de la Ley.
La jugarreta legislativa logró el acometido de Lasso en cumplir su compromiso con el FMI, y fue suficientemente confuso como para dejar dudas acerca de la corresponsabilidad del progresismo con la materialización de esta ley. En efecto, la bancada de UNES, al decirse por la abstención, colaboró directamente con la restauración neoliberal en el país. Este evento develó de una vez por todas, su verdadero carácter de clase: el progresismo siempre se ha propuesto ser parte de la burguesía y legitimarse entre sus filas. Los progresismos solo juegan en los marcos de la democracia burguesa, ideológicamente no reconocen ni la lucha de clases ni la necesidad de superar al capitalismo. La social democracia reformista logra generar un fenómeno de desclasamiento, que degenera en el colaboracionismo con el poder: la burguesía. El progresismo no solo colabora con la burguesía local, sino con el imperialismo al que esta última se debe y responde.
Ideológicamente, el progresismo no ha traicionado ningún principio. Sin ninguna intención de desarrollar una consciencia de clase entre sus bases y dirigencias, y promulgando la acción colectiva únicamente desde el Estado –conllevando a la desmovilización popular-, el reformismo es parte de la estructura del poder, y colabora con el autoritarismo de Estado. La estructura del capitalismo, sus mecanismos de explotación-cosificación-opresión, y la clase dominante -la burguesía- quedan intactos en los preceptos progresistas. Las lógicas de la democracia burguesa y del Estado en todas sus funciones –Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, necesariamente actúan como un instrumento de clase. Permitir que una ley que perjudica a la clase trabajadora se decrete, no es un accidente, es la demostración de la clase a la que se deben los progresismos. Lastimosamente, esta puesta en escena, se imprime directamente sobre el cuerpo del pueblo.
Dentro de la lógica de la democracia liberal, la burguesía se encuentra en una ofensiva abierta en contra del pueblo y las condiciones que posibilitan un mínimo de vida digna. Conjuntamente al sobre endeudamiento estructural y la doctrina del shock tras las reformas emprendidas por las élites neoliberales, confluye un creciente autoritarismo de Estado, confabulado para reprimir a toda costa el descontento popular. El progresismo -reformismo en su expresión histórica actual- también tiene parte en el sostenimiento de la imposición capitalista sobre el pueblo. En estos términos, el enemigo de clase no es únicamente la burguesía, sino los sectores desclasados y aburguesados representados por el progresismo, que terminan por sostener el sistema como tal.
Uno de los incentivos primordiales para el registro legal de la reforma tributaria es que la misma representa una de las 12 condicionalidades del FMI para los desembolsos de la deuda contratada hasta la actualidad, la cual en términos totales suma más de 70 mil millones USD, equivalente a más del 70% del PIB. Como parte de estos desembolsos se encuentran 700 millones USD que se transferirán en diciembre de 2021. A pocos meses de constituirse como gobierno, Guillermo Lasso ahonda el camino de la deuda insostenible, al cual había vuelto repentinamente su antecesor, Lenín Moreno.
En términos ideológicos, el neoliberalismo en el poder intenta justificar la creación de condiciones macro-económicas que beneficien al libre mercado, combinando la agresividad de la austeridad fiscal con un ciclo de reformas legales, para sostener el desembolso de deuda y la supuesta atracción de inversión extranjera. En esta confabulación y en contexto con la “abstención” a la negación y archivo de la reforma tributaria, el propio reformismo devela su carácter pro-imperialista, al facilitar la profundización del yugo crediticio. El accionar de la bancada de UNES del 26 de noviembre, frente a la reforma tributaria representa un claro posicionamiento a favor de la perpetuación del estatus quo actual, en el cual el imperialismo yanqui -por medio de sus bancos multilaterales y la asistencia militar- y las élites locales salen claramente favorecidas en la imposición de sus intereses de clase.
Otra condicionalidad central del FMI es la eliminación total de los subsidios a los combustibles hasta 2022. El congelamiento provisional de los mismos a finales de octubre provocó una visita repentina de una misión que auditó las “decisiones políticas” del gobierno, frente al desarrollo de movilizaciones. El encarecimiento generalizado del costo de vida para el pueblo, que supone un golpe antipopular como este, viene acompañado de la continua imposición de la doctrina del shock. A la reforma tributaria se le sumará la reforma laboral, la cual sin duda se presentará también con carácter económico urgente, acelerando el proceso de debate y votación, y a la cual igualmente se encuentran atados desembolsos crediticios futuros.
En septiembre de 2021, el Gobierno Nacional pactó un nuevo crédito con el FMI por 802 millones USD, aduciendo que este formaría parte de una serie de nuevas contrataciones de deuda externa. Además del FMI, el gobierno de Lasso se endeudará con el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, por un total 4.500 millones USD adicionales, los cuales serán desembolsados hasta mediados de 2022.
Si los proyectos progresistas se encargan de darle una cara “más humana” al capitalismo, sirven como catalizadores para desembocar en la fascistización social, conllevando a la radicalización de la burguesía. El progresismo se evidencia -una vez más- como acólito de la perpetuación capitalista. En definitiva, cualquier proceso organizativo popular que pretenda superar el capitalismo, tendrá también que superar al progresismo como proyecto político. El pueblo y la clase trabajadora tienen la tarea de conservar en la memoria a quienes hoy colaboran con sus verdugos.
