La “pacificacíon” como política de Estado
Las siguientes líneas se dedican a analizar la estrategia de pacificación tomada por el gobierno de Lenín Moreno después del Paro Nacional de octubre de 2019.
El gobierno fue el responsable directo de las medidas neoliberales impuestas a los ecuatorianos, mediante el Decreto No. 883 y con la instrumentalización de las FF.AA. y la Policía Nacional - caracretística de gobiernos neoliberales y del Estado burgués-. Las élites políticas crearon un panorama de violencia latente por parte de las medidas económicas y frontal por medio de la represión, encarcelamiento, mutilación, persecución y técnicas de amedrentamiento utilizadas durante y después del Paro Nacional en contra de la ciudadanía . En este contexto, el Estado mantiene el monopolio de la violencia, pues es la forma en la que el Estado burgués como categoría histórica mantiene un determinado orden: si es que no se impone por la razón, se lo impondrá por la fuerza.
Una incógnita aparece al momento de analizar la conducta del Estado ecuatoriano a más de tres meses de que concluyeran -por ahora- las movilizaciones en contra de las medidas impuestas por el gobierno: ¿Qué es lo que realmente se pretende pacificar? ¿Acaso la protesta social?
La presente estrategia emprendida por Lenín Moreno y sus acolitos se disfraza de proceso de pacificación, como careta y justificación para legitimar un escenario de persecución política. Esta estrategia desemboca en la judicialización de opositores y el cierre de medios de comunicación, como la reciente suspensión de Pichincha Universal.
Como en Chile, ejemplo neoliberal por excelencia, en donde los sectores de la educación y la salud pública se encuentran en un estado deplorable y al mismo tiempo el gobierno de Piñera autoriza compras millonarias en armamento no letal para reprimir. En el Ecuador nos encontramos ante la misma disyuntiva, mientras la salud y la educación atraviesan sus peores momentos de la historia reciente -marcada por amplísimos recortes presupuestarios- el gobierno de Moreno se anima a autorizar compras millonarias en material represivo que rondan los 4 millones de dólares.
No cabe duda que este gobierno se prepara para irse nuevamente contra su propio pueblo, atemorizado por la posibilidad de que la respuesta y el rechazo al neoliberalismo sean tan contundentes si las jornadas de movilizaciones se reanudan y acaben con este circo político nefasto.
En estos momentos, el Ecuador y gran parte de América Latina, atraviesan una fase que denota una regresión general en materia de derechos humanos, pretendiendo utilizar el poder judicial para justificar la represión estatal.
De lo expuesto, cabe recordar el viejo discruso de la Guerra Fría y el Plan Cóndor, desde el cual se consideraba a la sociedad civil organizada como focos subversivos y grupos terroristas que deben ser neutralizados como objetivo primordial de la política de Estado. Este discruso -enarbolado nuevamente por la ultraderecha ecuatoriana y continental como doctrina contra todo lo proveniente de las bases de la sociedad organizada- termina por ser un intento de criminalización y fragmentación del tejido social que adquiere tintes racistas, xenófobos y profundamente clasistas. Dentro de esta lógica, se pretende construir al otro como un actor que contraviene el orden establecido. De esta manera, el neoliberalismo le ha declarado la guerra a los pueblos del mundo y el Ecuador es sólo un territorio más en disputa dentro de este marco
El mismo término de pacificación en un sentido histórico denota denota dos interpetaciones. En la primera, impera un contexto de conflicto –muchas veces de carácter interno y en general armado-, y conlleva a una clara estrategia represiva en contra de los grupos en conflicto o una estrategia de desarme y reducción de intensidad de un conflicto armado.
La segunda se refiere a la seguridad interna. La instalación de más de 70 cámaras de reconocimiento facial en Quito como medida post paro o la reconfiguración de los protocolos en contra del delito común son sólo dos ejemplos de esta política de Estado que parece estar adquiriendo un carácter integral. Incluso la propia terminología parece contradecir el afán del gobierno de Moreno por maquillar una estrategia de desarticulación y criminalización en contra de los sectores involucrados en el proceso popular de octubre y los medios y colectivos independientes que cubrieron estas jornadas. El origen de la violencia -como se argumentaba anteriormente- provino directamente de órdenes e instituciones estatales. Las estrategias de pacificación desarrolladas e implementadas por parte del Estado han alcanzado un ámplio grado de diversificación.
Durante los últimos meses, también las FF.AA. y Policía Nacional apoyan en esta restategia, redefiniendo la imagen del enemigo, alineándose a la lógica de pacificación. Esta no se enfoca en un plano externo, sino finalmente en el interno. Después de que las FF.AA. obtuvieron la potestad legislativa de intervenir y efectuar operativos militares en conflictos de carácter interno el año pasado, su accionar se ha ampliado a apoyar la represión estatal de procesos populares, conflictos mineros y demás procesos en contra del neoliberalismo y la lógica de mercado capitalista. Pareciera que la lógica de Estado se define nuevamente como represor del pueblo. El Estado se prepara estos meses para descargar todo su potencial represivo en contra de los sectores populares. Respectivamente, se posibilita la visibilización de la auténtica lógica que se encuentra en los fundamentos del Estado liberal-burgués: proteger los intereses de las élites económicas y los mecanismos de acumulación de capital a toda costa.
Finalmente, una conclusión temprana a la gestión del gobierno actual, es que este no es digno de serlo si no escucha a la sociedad, encontrándose tan ajeno y alejado del latir de su propio pueblo desde el primer día de su mandato. Mucho menos si tras bambalinas el mismo gobierno atenta abiertamente en contra de la Constitución y de los derechos humanos, en un intento desesperado por aferrarse al poder, sostenido por las élites económicas nacionales, y la injerencia regional y transnacional. La legitimidad del gobierno actual parece sucumbir -y pasar a caer por su propio peso- con el transcurso de los meses y nada parece poder evitar la degeneración de un proyecto político que -al mostrar su rostro verdadero durante los días de mayor tensión social reciente en el país- no se destaca ni por su carácter popular ni mucho menos democrático.
Fuente fotográfica:
www.primicias.ec
