Ley de fomento productivo 2: otra victoria neoliberal

El 24 de abril de 2019, el ministro de industrias y productividad subrogante, Yuri Parreño, en el marco del encuentro “Perspectivas Empresariales 2019”, organizado por la consultora Deloitte, dio a conocer que se pretende incluir un paquete de reformas laborales en la denominada ley de fomento productivo 2. El mencionado marco legal, según declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional, pretende ser aprobado por la Asamblea nacional antes del 24 de mayo del año en curso, fecha en la que el actual presidente cumplirá dos años de gestión.

La mencionada iniciativa, sin embargo, llama la atención en cuanto a varios detalles respecto a su contenido, así como en relación a la premura con la que se pretende gestionar el proyecto, ya que, según declaraciones presidente, este debió estar “listo y aprobado” para marzo de este año. El documento además llegará a manos del legislativo con carácter de urgente, lo cual implica que los asambleístas deberán aprobarlo o desecharlo en un plazo de 30 días cómo máximo.

La iniciativa, según los pasquines de la oligarquía – grandes medios de comunicación- pretende según el discurso oficial, “reforzar la política comercial”, “flexibilizar el empleo” y “propiciar la inversión extranjera en el país”. El problema radica en que este discurso tecnocrático y codificado no permite inferir de manera sencilla, la intención de sentar bases para el desarrollo puro y duro del fracasado modelo oligarca-neoliberal. 

Y es que detrás del barato soliloquio que monta el gobierno, se esconde la estratagema neoliberal. Es preciso apuntar con claridad cuáles son los términos bajo los cuales, con sorna y rimbombancia, los oligarcas y el títere de Carondelet pretenden embaucar al pueblo y montar un paquetazo económico que sumirá al Ecuador en una crisis sin precedentes, quizá solo comparable con aquella provocada por el tristemente célebre feriado bancario.

Y es que el uso de terminología compleja y farsante dentro del proyecto de ley, junto con el discurso hegemonizante y blanqueador de los mass media, hace que expresiones como “monetarización de los activos del estado” o “delegación administrativa a privados”, le resulten inentendibles al público en general. La intención es en realidad privatizar empresas públicas – las cuales en el último año reportaron más de 4 millones en ganancias al estado- bajo la figura de la “alianza” público privada.

Así mismo, sucede por ejemplo con las reformas laborales que van incluidas dentro del nefasto proyecto de ley.  A nombre de “reducir los costos operativos” y “mejorar el flujo de la masa laboral” se pretende que los empleadores no tengan la obligación de pagar ningún tipo de cesantía o indemnización al trabajador si este decidiese renunciar.

De igual forma ocurre cuando mencionan que: “…preocupa que el sector empresarial no tenga las herramientas laborales que les permitan contratar más empleados en épocas de producción alta”, lo que quiere decir que la verdadera preocupación es que aún no han podido precarizar suficiente las formas de trabajo que permitan caer de nuevo en la tercerización y el contrato por horas.

Proponen una “extensión considerable del periodo de prueba del trabajador en la empresa” – que actualmente es de tres meses-   a dos años, dos años en los cuales el contratista no se ve obligado a pagar aportes al seguro social o a cumplir con los beneficios mínimos de ley, de los cuales a la sazón gozan quienes operan la maquinaria productiva del país.

Asimismo la nueva ley de fomento productivo propone “seguridad jurídica” para el empresario, lo cual se traduce como exenciones tributarias, lícitas e ilícitas, para las grandes corporaciones.

En la misma línea se sugiere “optimizar la masa salarial” y “reducir el tamaño del estado”, que, traducido del neoliberal al español, consiste en despedir empleados, cerrar instituciones públicas y reducir la inversión social en áreas cómo salud, educación y acceso a derechos básicos.

Así nos hallamos nuevamente frente a un cuerpo legal que, de aprobarse, nos condenaría a condiciones laborales y de vida poco menos que insufribles, nos orillaría a la tercerización laboral, al contrato por horas, a la nulidad de beneficios en cuanto a seguridad social y cesantías.

Este panorama, junto con la actuación cómplice servil y rastrera de las rancias y vetustas dirigencias sindicales, cómo el FUT, por ejemplo, organización que en reunión con funcionarios de estado manifestó no tener objeción frente al paquete de reformas, nos colocan en una situación de indefensión que colinda con lo desesperante.

Ante la arremetida neoliberal, consideramos que la multiplicidad de voces de todos los sectores afectados, en movilización continua, organizada y combativa es la única respuesta y alternativa a la inminente crisis que se avecina.