Represión y emergencia sanitaria
Resulta indudable que la pandemia está modificando las relaciones entre el Estado y el pueblo de una forma multidimensional, adoptando dinámicas hasta ahora desconocidas. En Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno, nos hemos adentrado a dinámicas represivas, comunes del Estado burgués neoliberal y la persecución de vocerxs de información popular y organización social. Esto representa tan sólo una arista de la maquinaria represiva del Estado. Estos últimos meses han constituido una aparente relegitimación de las estructuras represivas del Estado, que se vieron gravemente afectadas después de su accionar en las jornadas populares de octubre pasado.
Tanto en octubre como en tiempos de pandemia, el gobierno se obsesiona por desacreditar información que evidencia que su recuento de la realidad dista diametralmente de lo que realmente ocurre. Moreno y compañía han llegado al extremo de calificar a reportajes e informes independientes -muchos de ellos conducidos por medios internacionales- como “fake news”, bajo el pretexto de no reflejar la versión oficial. Entre estos se incluyen un sinnúmero de testimonios de primera mano de personas que viven estas realidades en una base diaria, con familiares enfundados en sus casas o fallecidxs en salas de espera y en las calles.
Esta suerte, que corresponde a un negacionismo patológico de datos y cifras de contagios y muertes, además de evidenciar la inexorable incompetencia del Estado, demuestra que el discurso gubernamental se posiciona como antípoda a la realidad que vivimos como sociedad. Cuando las imágenes de cadáveres en casas y calles, y familiares que creman de manera artesanal a sus fallecidxs en plena calle recorrían el mundo hasta hace pocos días, Romo, Roldán y Moreno se ocupaban de limpiar su imagen, negando con efervescencia y paternalismo las cifras estimadas, presumiendo de su supuesta autoridad.
El panorama actual se completa con la más reciente persecución a médicxs por denunciar pésimas condiciones sanitarias, el colapso del sistema hospitalario y la obvia falta de dotación de insumos de bioseguirdad para el equipo de salud en centros de salud. Protestas de médicxs y enfermerxs se multiplican estos días tanto en Guayaquil, como en Colimes, Ibarra, Machala y Quito. El Colegio de Médicxs de Guayas contabiliza más de 70 muertos entre sus filas a causa del contagio de Covid-19, con el fallecimiento adicional de al menos 8 enfermerxs, todo esto tan sólo en Guayas.
A esto se suma la precarización generalizada de las condiciones de vida, catalizada por medidas de una vuelta efímera y falsa a una normalidad que, en los términos planteados, sería imposible sostener sin la multiplicación de muertes. Aquellas cifras, -en el lenguaje utilizado por las élites neoliberales a las que pertenecen los grupos de poder del Estado- serán consideradas como simples pérdidas o daños “colaterales” ante la imperante reactivación económica forzada por los industriales, comerciantes y agroexportadores.
Esta anteposición de intereses corporativos al bienestar, la salud y hasta la supervivencia del pueblo, no solo evidencia un irrespeto y atropello profundos a la dignidad humana; también refleja una lógica que en estos tres años terminó por dominar las acciones del Estado y la cual se encuentra intrínsecamente correlacionada con las medidas represivas emprendidas por el mismo.
Los muertos de octubre -producto de la represión liderada por Romo, Jarrín y el Estado neoliberal- se multiplican también en tiempos de Covid-19 por la irresponsabilidad de autoridades, que cuentan con la frivolidad de volver a replicar el mantra de que su razón de muerte fue por “accidentes de tránsito” o por su “propia irresponsabilidad” de no tener el privilegio de poder quedarse en casa. Esto representa una anteposición de la ganancia económica, reflejada en dividendos y utilidades, por sobre lo que realmente crea el crecimiento, la fortuna y la ganancia misma: el pueblo trabajador. Sin un pueblo sano, no habrá economía que sostener a largo plazo. Como en octubre, no nos podemos permitir dudar de que este gobierno no se detendrá ante nada para acallar voces disidentes, con razonamiento independiente o contrario a la lógica representada por el gobierno.
En un estado de excepción como en el que nos encontramos actualmente, cualquier colectivo, organización o individuo que muestren una realidad que no coincida con la visión que pretende imponer el gobierno, tiene la posibilidad de ser perseguido y criminalizado. En su dimensión más brutal, podría implicar la separación, aislamiento y desaparición permanente de personas, alegando que estaban contagiadas con el virus. La cúspide de los intentos de encubrimiento por parte del Gobierno Nacional se materializó en forma de un desesperado intento de encubrir la magnitud real de la pandemia en Ecuador y la evidente inoperancia y permisividad respecto a su proliferación por parte del gobierno, por medio de una denuncia ante la UNESCO el pasado 16 de abril por una supuesta campaña de “desinformación” promovida para “magnificar” la crisis sanitaria.
Nuestra realidad actual es esta: vivimos en un país en estado de excepción, el cual se encuentra militarizado -como en octubre- con un sistema judicial cooptado y ciego del ojo derecho. Un ejemplo perfecto es el caso del atropello humanitario perpetrado por Viteri el 18 de marzo, y élites políticas que fomentan y priorizan la protección del capital privado por sobre todo lo humano. Adicionalmente, este gobierno no cuenta con la liquidez ni la intención política de agilizar recursos económicos para atender la actual emergencia, ante una evidente bancarrota del Estado.
Resulta indudable que la actual pandemia nos introdujo en una nueva época, en la cual gobiernos como el de Moreno se adjudican competencias que tienden a imponer un autoritarismo de Estado sin precedentes bajo estas circunstancias. Esperemos que el estado de excepción no termine por volverse el nuevo “estado de normalidad” en términos represivos.
La respuesta a esta crisis tendrá que ser colectiva, contundente, organizada y decisiva. Ante el irrespeto a la vida, la persecución a la verdad y el amedrentamiento, únicamente la autogestión y la organización son la respuesta. Ahora que el gobierno nos quiere imponer la normalidad del distanciamiento social, resulta necesario resistir a las dinámicas represivas del Estado. Cuando volvamos a las calles, el mundo será otro. Que este mundo -y el Estado burgués- nos encuentren organizadxs, solidarixs y de pie.
